
Revista Científica Ciencia y Método | Vol.03 | Núm.04 | Oct – Dic | 2025 | www.revistacym.com pág. 438
con matices propios, en México y Colombia, donde las escuelas de zonas de alta
peligrosidad carecen de protocolos robustos de detección temprana, coordinación
intersectorial y respuesta frente a señales de captación. La especificidad ecuatoriana
radica en que la criminalidad organizada no solo penetra el bachillerato, sino que
también se manifiesta en las instituciones de educación superior mediante
extorsiones, robos y secuestros, transformando la universidad en un espacio de
operación de bandas y no únicamente en una instancia de destino educativo. Esta
doble afectación —en el punto de origen (bachillerato) y en el punto de llegada
(universidad)— refuerza la tesis de que la amenaza es sistémica para el conjunto de
la educación superior (Mendoza-Armijos et al., 2023).
Las consecuencias educativas documentadas son convergentes y de alta gravedad.
En los tres contextos se observa que la vinculación con bandas delincuenciales se
correlaciona de manera consistente con la deserción definitiva o prolongada, la
interrupción radical de la escolaridad, la afectación del rendimiento académico y el
deterioro de la salud mental de quienes permanecen en las aulas bajo escenarios de
miedo, coacción o estigmatización (Barahona-Martinez et al., 2024). En Ecuador, este
efecto resulta particularmente crítico porque el reclutamiento se concentra en la fase
de bachillerato, que constituye el umbral de acceso a la educación superior; en
consecuencia, el fenómeno no solo reduce numéricamente el flujo de ingreso a las
universidades, sino que sesga su composición social al excluir selectivamente a
quienes ya enfrentan mayores barreras económicas y territoriales. La noción de
“amenaza emergente” hacia la educación superior alude, por tanto, a un proceso de
filtrado regresivo que profundiza las brechas de acceso y consolida un patrón de
desigualdad intergeneracional (Bonilla-Morejón, 2023).
En el plano normativo e institucional, los resultados revelan una paradoja compartida:
existen marcos legales que, en teoría, reconocen derechos de protección para niños,
niñas y adolescentes, pero su implementación efectiva es débil, fragmentaria o
prácticamente inexistente (Llanos-García et al., 2025). En Ecuador se evidencia una
articulación insuficiente entre políticas de prevención del delito, sistemas de protección
de la niñez y estrategias de retención escolar, en un contexto de fuerte debilidad
estatal en los territorios más afectados por el narcotráfico. La experiencia mexicana
refuerza este diagnóstico al mostrar que la respuesta estatal se ha orientado
principalmente a la represión, con graves vacíos en política preventiva y casi nulas
rutas de reintegración educativa para adolescentes que han sido desvinculados de
grupos armados. El caso colombiano, desde el prisma de la justicia transicional, aporta
un contraste relevante al insistir en el reconocimiento de los menores reclutados como
víctimas con derecho prioritario a programas de reintegración y no como victimarios,
ofreciendo una ruta conceptual que permite superar miradas punitivas que clausuran
la posibilidad de retorno al sistema educativo (Núñez-Ribadeneyra, 2023).
Desde una perspectiva crítica, el estudio también pone de manifiesto limitaciones que
deben ser reconocidas para evitar sobre-interpretaciones. El corpus se compone de
un número reducido de artículos recientes, con predominio de enfoques jurídico-