Revista Científica Ciencia y Método | Vol.01 | Núm.03 | JulSep | 2023 | www.revistacym.com pág. 58
Análisis de la justicia restaurativa como alternativa al
sistema penal tradicional en América Latina
Analysis of restorative justice as an alternative to the traditional
penal system in Latin America
Mendoza-Armijos, Hugo Enrique
1
Camacho-Medina, Byron Manuel
2
https://orcid.org/0000-0001-7396-1687
https://orcid.org/0009-0001-1050-4726
enrique.mendoza1@istla.edu.ec
byroncamacho51@gmail.com
Instituto Superior Tecnológico Los Andes, Ecuador,
Santo Domingo.
Investigador Independiente, Ecuador, Orellana.
García-Segarra, Holger Geovanny
3
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
hggarcias@ube.edu.ec
Universidad Bolivariana del Ecuador, Ecuador,
Guayaquil.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v1/n3/20
Resumen: El presente artículo analiza la justicia
restaurativa como alternativa al sistema penal tradicional en
América Latina, partiendo de un contexto caracterizado por
la ineficiencia punitiva, la sobrepoblación carcelaria y la
escasa resocialización del infractor. A través de una
revisión sistemática de literatura científica indexada en
bases como Scopus y Web of Science, se examinaron
estudios empíricos, marcos normativos y experiencias
prácticas en países de la región. Los resultados evidencian
avances desiguales en la implementación normativa, con
mayor énfasis en justicia juvenil, y una cobertura limitada
en la justicia penal ordinaria. Colombia y Chile destacan por
sus marcos legislativos y programas piloto, aunque su
alcance se ve restringido a casos de baja gravedad. Las
barreras institucionales como la resistencia del sistema
judicial, la falta de formación especializada y el escaso
respaldo normativo, así como factores socioculturales
como la visión punitiva de la justicia, limitan la consolidación
del enfoque restaurativo. El estudio concluye que, pese a
las dificultades, la justicia restaurativa posee un potencial
transformador significativo, especialmente si se articula con
prácticas comunitarias e interculturales. Para su
consolidación, se requiere voluntad política, reformas
integrales, formación profesional y un cambio cultural hacia
la reparación y el diálogo.
Palabras clave: justicia restaurativa; sistema penal;
América Latina; reparación; justicia juvenil.
Artículo Científico
Received: 28/Ago/2023
Accepted: 10/Sep/2023
Published: 30/Sep/2023
Cita: Mendoza-Armijos, H. E., Camacho-
Medina, B. M., & García-Segarra, H. G. (2023).
Análisis de la justicia restaurativa como
alternativa al sistema penal tradicional en
América Latina. Revista Científica Ciencia Y
Método, 1(3), 58-
69. https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v1/n3/2
0
Revista de Ciencia y Método (RCyM)
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Abstract:
This article analyzes restorative justice as an alternative to the traditional penal system
in Latin America, starting from a context characterized by punitive inefficiency, prison
overcrowding and poor resocialization of the offender. Through a systematic review of
scientific literature indexed in databases such as Scopus and Web of Science,
empirical studies, regulatory frameworks and practical experiences in countries of the
region were examined. The results show unequal progress in regulatory
implementation, with greater emphasis on juvenile justice, and limited coverage in
ordinary criminal justice. Colombia and Chile stand out for their legislative frameworks
and pilot programs, although their scope is restricted to cases of low gravity.
Institutional barriers -such as the resistance of the judicial system, lack of specialized
training and scarce regulatory support- as well as sociocultural factors such as the
punitive view of justice, limit the consolidation of the restorative approach. The study
concludes that, despite the difficulties, restorative justice has a significant
transformative potential, especially if it is articulated with community and intercultural
practices. For its consolidation, political will, comprehensive reforms, professional
training and a cultural shift towards reparation and dialogue are required.
Keywords: restorative justice; criminal system; Latin America; reparation; juvenile
justice.
1. Introducción
En las últimas décadas, los sistemas penales tradicionales en América Latina han sido
objeto de múltiples cuestionamientos debido a su énfasis punitivo, su limitada
capacidad de resocialización y su escasa efectividad en la reducción de la reincidencia
delictiva (Díaz, 2020). La justicia penal convencional ha priorizado la retribución del
daño mediante sanciones privativas de libertad, relegando a un segundo plano los
procesos de reparación a la víctima y la reintegración social del infractor. En este
contexto, la justicia restaurativa ha emergido como una alternativa que busca superar
las limitaciones del sistema penal tradicional, promoviendo el diálogo, la
responsabilización y la reconstrucción del tejido social (Zehr, 2015).
La problemática radica en que el modelo penal vigente en la mayoría de los países
latinoamericanos continúa reproduciendo patrones de exclusión, estigmatización y
sobrepoblación carcelaria, sin abordar adecuadamente las causas estructurales del
delito ni ofrecer mecanismos efectivos de reparación a las víctimas (Londoño-Toro &
García, 2021). Este modelo, muchas veces heredado de marcos jurídicos coloniales
y adaptado a contextos de violencia estructural, ha demostrado ser ineficiente para
garantizar justicia sustantiva, particularmente en poblaciones vulnerables como
jóvenes en conflicto con la ley, mujeres víctimas de violencia y comunidades indígenas
(UNODC, 2021).
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Entre los factores que agravan esta problemática se encuentran la falta de acceso a
la justicia, los niveles elevados de impunidad, la corrupción institucional y la deficiencia
en la aplicación de políticas públicas orientadas a la prevención del delito (Carneiro,
2023). Además, la sobrecarga del sistema judicial y penitenciario impide una atención
personalizada y adecuada de los casos, lo que contribuye a la revictimización y al
deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones (Rodríguez & Cárdenas,
2022). En este escenario, la justicia restaurativa se presenta como un paradigma
alternativo que plantea un enfoque más humano y transformador, orientado a la
reparación integral del daño y la participación activa de todos los involucrados en el
conflicto.
La justicia restaurativa no se concibe como una mera técnica de resolución de
conflictos, sino como un cambio profundo en la concepción del derecho penal, al
centrarse en las necesidades de las víctimas, la responsabilización voluntaria del
infractor y la restauración del vínculo social roto (Braithwaite, 2002). Su
implementación ha mostrado resultados alentadores en distintas regiones del mundo,
especialmente en contextos de justicia juvenil, delitos no violentos y comunidades
afectadas por conflictos armados o violencia estructural (Wachtel, 2016). En América
Latina, algunos países como Colombia, México y Chile han empezado a incorporar
mecanismos restaurativos en sus marcos normativos, aunque con diferentes grados
de avance y eficacia (Rivas, 2021).
La pertinencia de este estudio radica en la necesidad de sistematizar y analizar
críticamente las experiencias, avances y desafíos de la justicia restaurativa en
América Latina, con el fin de evaluar su viabilidad como modelo complementario o
alternativo al sistema penal convencional. La literatura científica reciente ha puesto en
evidencia los beneficios de los procesos restaurativos, tales como la disminución de
la reincidencia, el aumento de la satisfacción de las víctimas y la mejora de la cohesión
comunitaria (Latimer, Dowden & Muise, 2005). Sin embargo, también se advierte
sobre los riesgos de una implementación superficial, sin el marco normativo,
institucional y formativo adecuado que garantice su efectividad y legitimidad (Daly,
2015).
Desde el punto de vista de la viabilidad, la justicia restaurativa presenta ventajas
significativas en cuanto a su adaptabilidad a diversos contextos socioculturales, su
menor costo económico en comparación con el encarcelamiento, y su alineación con
principios de justicia transicional, derechos humanos y justicia intercultural (Villa-
Camacho & Guevara, 2022). No obstante, su desarrollo requiere de un compromiso
político sostenido, inversión en formación profesional y una transformación de las
lógicas institucionales punitivas todavía vigentes en la región.
El objetivo de este artículo de revisión es analizar el estado actual de la justicia
restaurativa en América Latina como una alternativa viable al sistema penal
tradicional, identificando sus fundamentos teóricos, experiencias de implementación,
beneficios documentados, obstáculos institucionales y potencial de expansión. Para
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ello, se realizará una revisión sistemática de la literatura científica indexada en bases
de datos académicas como Scopus y Web of Science, considerando estudios
empíricos, marcos normativos y debates doctrinales que permitan una visión integral
y crítica del tema. La revisión pretende aportar elementos conceptuales y prácticos
para enriquecer el debate académico y orientar el diseño de políticas públicas más
eficaces y humanizantes en materia de justicia penal en la región (Samaniego-Quiguiri
& Bonilla-Morejón, 2023).
2. Materiales y métodos
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño
exploratorio de tipo documental, centrado en la revisión bibliográfica de fuentes
científicas relevantes sobre justicia restaurativa en América Latina. Este enfoque
permitió identificar, analizar y sistematizar los principales aportes teóricos, normativos
y empíricos disponibles en la literatura académica actual, con el objetivo de
comprender el estado de desarrollo, las características y los desafíos de este modelo
de justicia en la región.
La estrategia metodológica consistió en la búsqueda exhaustiva de artículos
científicos, libros académicos, informes institucionales y documentos técnicos
publicados en los últimos veinte años, con énfasis en publicaciones indexadas en
bases de datos reconocidas como Scopus y Web of Science. Para garantizar la
rigurosidad del proceso, se definieron criterios de inclusión tales como la pertinencia
temática, la actualidad del contenido, la calidad científica de las fuentes y la relevancia
geográfica de los casos analizados. Asimismo, se excluyeron documentos de carácter
opinativo o sin respaldo empírico, y aquellos que no abordaran directamente la
implementación o el análisis de la justicia restaurativa en países latinoamericanos.
La recopilación de información se realizó utilizando palabras clave combinadas en
español e inglés, tales como “justicia restaurativa”, “sistema penal”, “América Latina”,
“reintegración”, “reparación”, “alternativas penales” y “reincidencia”. Se emplearon
operadores booleanos para refinar las búsquedas y asegurar una mayor precisión en
la selección de los materiales. Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de lectura
crítica y análisis de contenido, mediante el cual se identificaron patrones temáticos,
enfoques conceptuales predominantes, hallazgos empíricos y vacíos en la literatura
que merecen una mayor atención investigativa.
El análisis de los textos seleccionados se estructuró con base en una matriz de
sistematización que permitió comparar diferentes perspectivas académicas, identificar
experiencias de implementación en contextos específicos y evaluar los impactos
reportados en términos de eficacia, participación y reparación. Se prestó especial
atención a la diversidad de contextos nacionales, el papel de los actores
institucionales y comunitarios, y las condiciones que han favorecido o limitado el
desarrollo de mecanismos restaurativos en la región.
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Esta metodología permitió una aproximación integral al fenómeno estudiado,
sustentada en evidencias científicas y experiencias contrastadas, sin incurrir en
generalizaciones injustificadas. El carácter exploratorio del estudio obedece a la
intención de ampliar el conocimiento sobre un campo en crecimiento, proponiendo un
punto de partida para futuras investigaciones empíricas más detalladas sobre la
eficacia, sostenibilidad y adecuación cultural de la justicia restaurativa en América
Latina.
3. Resultados
3.1. Avances y desafíos de la justicia restaurativa en América Latina
La consolidación de la justicia restaurativa en América Latina constituye un proceso
en construcción, marcado por avances normativos y prácticos significativos en ciertos
países, pero también por notables desigualdades, vacíos institucionales y desafíos
estructurales que limitan su alcance y sostenibilidad. A medida que los sistemas
penales de la región enfrentan crecientes críticos por su ineficiencia, sobrecarga y
escasa capacidad resocializadora, la justicia restaurativa ha emergido como una
alternativa con potencial para transformar la manera en que se abordan los conflictos
penales, priorizando la reparación del daño, la responsabilización activa del infractor
y la participación de la comunidad. Sin embargo, su desarrollo en la región dista de
ser homogéneo, tanto en términos normativos como en su implementación práctica, y
se ve condicionado por factores institucionales, culturales y sociales profundamente
arraigados (Bonilla-Morejón, 2023).
3.1.1. Implementación normativa desigual entre países de la región
Uno de los principales desafíos que enfrenta la justicia restaurativa en América Latina
es la desigualdad en su reconocimiento e incorporación dentro de los marcos
normativos nacionales. Esta disparidad normativa responde a múltiples factores,
incluyendo diferencias en las prioridades legislativas, niveles de institucionalidad,
capacidades técnicas, y grados de apertura a enfoques alternativos al castigo penal.
Mientras algunos países han avanzado en la incorporación explícita de la justicia
restaurativa en sus legislaciones, otros aún no han desarrollado normativas formales
que reconozcan o regulen su aplicación, limitándose a experiencias puntuales de
carácter experimental o comunitario (Núñez-Ribadeneyra, 2023).
Colombia es uno de los países que ha mostrado mayor dinamismo en este ámbito. La
justicia restaurativa fue incorporada en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de
2004), en el que se contempla la conciliación como un mecanismo restaurativo,
particularmente en delitos querellables. Posteriormente, la Ley 1098 de 2006, en el
marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, avanzó de forma
más explícita al incluir procesos de mediación penal y acuerdos restaurativos,
consolidando un marco favorable para la aplicación de estas prácticas en jóvenes
infractores. Más recientemente, el Decreto 1031 de 2022 estableció orientaciones
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claras para la coordinación interinstitucional en la promoción de la justicia restaurativa,
y reafirmó el compromiso del Estado colombiano con este enfoque en procesos
penales ordinarios (Londoño-Toro & García, 2021).
En el caso de Chile, la implementación normativa también ha sido significativa,
especialmente a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), que desde 2006
promueve programas piloto de justicia restaurativa en el contexto juvenil, con base en
la Ley N.º 20.084. A pesar de ello, en ambos países la aplicación fuera del ámbito
juvenil sigue siendo limitada, y aún existen vacíos legales para su consolidación en el
sistema penal general.
Por el contrario, en países como Argentina, Venezuela o Ecuador, la justicia
restaurativa no ha sido formalmente incorporada en los cuerpos normativos penales,
y las iniciativas existentes se reducen a esfuerzos aislados por parte de
organizaciones de la sociedad civil, universidades o juzgados locales. En México, si
bien existe una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Materia Penal (2014), y la justicia restaurativa es reconocida en la
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, su aplicación
enfrenta serios desafíos de fragmentación institucional, insuficiencia de recursos
humanos capacitados y escasa supervisión judicial (Álvarez-Castañeda, 2021).
Esta diversidad normativa refleja no solo distintos niveles de desarrollo institucional,
sino también concepciones divergentes sobre el rol de la justicia penal en la sociedad.
En muchos casos, el enfoque restaurativo ha sido adoptado como una herramienta
complementaria al sistema tradicional, sin cuestionar de forma estructural las lógicas
punitivas que siguen predominando (Samaniego-Quiguiri & Bonilla-Morejón, 2023). La
ausencia de políticas públicas integrales y sostenidas que articulen la justicia
restaurativa con otros componentes del sistema judicial representa una barrera clave
para su institucionalización efectiva.
3.1.2. Énfasis en justicia juvenil y baja cobertura en justicia ordinaria
Otro rasgo recurrente del desarrollo de la justicia restaurativa en América Latina es su
focalización casi exclusiva en el ámbito de la justicia penal juvenil. Esta concentración
se ha justificado en función de las necesidades específicas de este grupo poblacional,
su mayor potencial de reintegración, y los compromisos internacionales de los Estados
con los derechos de la infancia. No obstante, esta especialización también ha
contribuido a limitar la expansión de la justicia restaurativa hacia otros segmentos del
sistema penal (Samaniego-Quiguiri, 2023)
La aplicación de mecanismos restaurativos en adolescentes ha demostrado beneficios
concretos, como la disminución de la reincidencia, el fortalecimiento del proceso
educativo y una mayor participación de la víctima. En países como Chile, el programa
piloto de Justicia Juvenil Restaurativa, desarrollado por el SENAME, ha mostrado
tasas de satisfacción superiores al 80% entre las víctimas, así como mejoras
significativas en la percepción de legitimidad del proceso judicial (Fernández &
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Guzmán, 2020). De manera similar, en Brasil y Uruguay se han desarrollado proyectos
con enfoque restaurativo dirigidos a adolescentes, con resultados alentadores en
términos de resolución de conflictos y restitución del daño.
No obstante, fuera del ámbito juvenil, la justicia restaurativa aún no ha encontrado un
espacio sistemático dentro de los sistemas penales. Las iniciativas orientadas a
personas adultas en conflicto con la ley son escasas, experimentales o están limitadas
a delitos de baja gravedad. Esta situación responde a una serie de factores, entre
ellos, la persistencia de una cultura jurídica centrada en la retribución, la percepción
de que la justicia restaurativa es inadecuada para delitos graves, y la falta de
protocolos claros para su aplicación en el ámbito penal ordinario (Daly, 2015).
La baja cobertura en la justicia penal de adultos impide que la justicia restaurativa
despliegue todo su potencial transformador. En la práctica, se la ha reducido a una
política de gestión de casos menores, lo que reproduce una visión funcionalista del
paradigma restaurativo y limita su impacto en la reforma estructural del sistema de
justicia penal (Samaniego-Quiguiri, 2023). A ello se suma la insuficiente formación de
jueces, fiscales y defensores en enfoques restaurativos, lo que refuerza la
dependencia del modelo punitivo tradicional, a continuación, la figura 1 representa el
modelo juvenil muestra resultados positivos en reinserción y satisfacción, el sistema
de adultos enfrenta obstáculos estructurales que limitan su potencial transformador.
Figura 1
Comparativa entre justicia juvenil y justicia de adultos: enfoques y retos
Nota: La justicia juvenil avanza; la de adultos aún enfrenta grandes barreras (Autores, 2023).
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3.1.3. Barreras institucionales y socioculturales para su consolidación
El avance de la justicia restaurativa en América Latina no puede analizarse sin
considerar las barreras institucionales y socioculturales que condicionan su viabilidad
y legitimidad. En primer lugar, las estructuras judiciales y penales de la región
presentan una alta resistencia al cambio, debido a una cultura jurídica profundamente
arraigada en la lógica punitiva. En muchos países, jueces, fiscales y operadores del
sistema aún consideran que el castigo es la única forma de garantizar justicia, lo cual
obstaculiza la adopción de prácticas restaurativas como una vía legítima para resolver
conflictos (Rodríguez & Cárdenas, 2022).
Esta resistencia institucional se ve agravada por la falta de formación técnica
especializada. La mayoría de las escuelas judiciales no incluyen contenidos sólidos
sobre justicia restaurativa, lo que genera desconocimiento y desconfianza entre los
profesionales del derecho. Además, las experiencias restaurativas exitosas tienden a
depender de la motivación individual de ciertos operadores o de proyectos externos
financiados por organizaciones internacionales, lo que impide su sostenibilidad en el
tiempo.
En el plano sociocultural, la aceptación social de la justicia restaurativa también se ve
limitada por una visión retributiva de la justicia ampliamente extendida en la población.
En contextos marcados por la violencia estructural, la desigualdad y la impunidad, la
ciudadanía tiende a demandar respuestas punitivas rápidas y severas, lo cual refuerza
la criminalización y estigmatización de los infractores. Este imaginario social
representa una barrera para la expansión del enfoque restaurativo, ya que dificulta la
comprensión del valor de la reparación, el perdón y el diálogo en la resolución de
conflictos (Barzola-Plúas, 2022).
A pesar de ello, existen experiencias comunitarias e interculturales que han
demostrado la viabilidad de modelos restaurativos alternativos. En varias
comunidades indígenas de México, Colombia y Bolivia, se aplican prácticas
ancestrales de justicia que priorizan la restitución del daño, la mediación comunitaria
y la reintegración del infractor al grupo social. Estas prácticas, muchas veces excluidas
de los sistemas judiciales formales, podrían ser articuladas con la justicia restaurativa
en un marco de pluralismo jurídico que respete los derechos humanos y los valores
culturales de los pueblos originarios (Villa-Camacho & Guevara, 2022).
4. Discusión
La discusión de los hallazgos presentados en este estudio permite profundizar en la
comprensión crítica del estado actual de la justicia restaurativa en América Latina,
reconociendo los avances obtenidos en determinados contextos, pero también
visibilizando las limitaciones estructurales que impiden su consolidación como una
alternativa real al sistema penal tradicional. La heterogeneidad normativa observada
entre los países de la región confirma que, aunque existe un creciente interés
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institucional y académico por este enfoque, su desarrollo aún se encuentra en una
etapa incipiente y fragmentada, lo cual obstaculiza su institucionalización y expansión
(Barzola-Plúas, 2022).
Tal como se ha identificado, países como Colombia y Chile han logrado incorporar
elementos restaurativos en sus marcos jurídicos, particularmente en relación con la
justicia penal juvenil, donde las reformas legislativas y los programas piloto han
demostrado resultados positivos en la reducción de la reincidencia y la satisfacción de
las víctimas (Fernández & Guzmán, 2020; Londoño-Toro & García, 2021). Sin
embargo, esta focalización en el ámbito juvenil ha generado un efecto de contención
temática que limita la exploración de la justicia restaurativa en otras áreas del sistema
penal, especialmente en procesos ordinarios que involucran adultos o delitos de
mayor gravedad. Este sesgo de aplicación refuerza una concepción instrumental del
paradigma restaurativo, reduciéndolo a una herramienta para la gestión de casos
menores, en lugar de considerarlo como un modelo transformador que cuestiona las
bases del castigo retributivo (Daly, 2015).
Asimismo, la resistencia de los sistemas judiciales tradicionales a incorporar prácticas
restaurativas refleja una cultura jurídica profundamente arraigada en el punitivismo,
donde el castigo se concibe como la única vía legítima de respuesta frente al delito.
Esta visión no solo limita la voluntad institucional de impulsar cambios estructurales,
sino que también configura prácticas de exclusión y estigmatización que dificultan la
implementación efectiva de los principios restaurativos (Rodríguez & Cárdenas, 2022).
La escasa formación especializada, la falta de protocolos interinstitucionales y la
carencia de recursos asignados a estos programas confirman que, en muchos casos,
la justicia restaurativa sigue dependiendo de esfuerzos aislados y no de políticas
públicas sistemáticas.
Otro aspecto relevante en la discusión es la dimensión sociocultural del fenómeno. En
muchos contextos latinoamericanos, la percepción social de la justicia continúa
asociada a la severidad de las penas y a la privación de libertad como mecanismo de
restitución simbólica del daño. Este imaginario colectivo, moldeado por décadas de
violencia estructural, impunidad y desconfianza institucional, tiende a rechazar
enfoques que promuevan la reconciliación, el diálogo o el perdón, especialmente en
casos de alta sensibilidad pública (Álvarez-Castañeda, 2021). De ahí que la
legitimación social de la justicia restaurativa represente uno de los principales retos
para su expansión sostenible en la región.
No obstante, también es necesario reconocer las experiencias positivas que han
emergido desde las comunidades indígenas y rurales, las cuales operan bajo lógicas
de justicia propias que privilegian la reparación del daño y la restauración del tejido
social por encima del castigo. Estas formas de justicia ancestral, en muchos casos,
comparten principios con la justicia restaurativa contemporánea, y pueden ofrecer
modelos híbridos e interculturales que enriquezcan el debate sobre justicia en América
Latina (Villa-Camacho & Guevara, 2022). La articulación de estas prácticas con el
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sistema jurídico formal, en un marco de pluralismo jurídico, podría contribuir a superar
algunas de las limitaciones actuales del enfoque restaurativo y fortalecer su arraigo
en contextos locales.
En síntesis, aunque los avances legislativos y programáticos en ciertos países
representan pasos importantes, el desarrollo de la justicia restaurativa en América
Latina sigue siendo parcial, desigual y vulnerable a factores estructurales. Para que
este enfoque logre consolidarse como una verdadera alternativa al sistema penal
tradicional, es indispensable promover reformas normativas comprehensivas,
garantizar una formación continua de operadores judiciales, asegurar recursos
adecuados, y fomentar una transformación cultural que valore la reparación por sobre
la retribución. Además, se requiere una voluntad política sostenida que trascienda el
uso simbólico de la justicia restaurativa y la posicione como un eje central de las
políticas públicas en materia penal.
5. Conclusiones
La justicia restaurativa en América Latina se encuentra en un proceso de
consolidación incipiente, caracterizado por avances normativos en algunos países,
pero también por importantes desafíos estructurales que limitan su expansión y
eficacia. Aunque ciertas jurisdicciones, como Colombia y Chile, han incorporado este
enfoque en sus marcos legislativos, la mayoría de los países de la región carecen de
una normativa integral que garantice su aplicación sistemática dentro del sistema
penal. Esta desigualdad en la regulación impide una implementación homogénea y
genera brechas significativas entre el discurso institucional y la práctica judicial
cotidiana.
El predominio de la justicia restaurativa en el ámbito juvenil demuestra un
reconocimiento parcial de sus beneficios, pero al mismo tiempo evidencia una
limitación temática que restringe su utilización a casos percibidos como de baja
gravedad o bajo riesgo social. Esta situación revela una visión instrumental del
paradigma restaurativo, impidiendo que se le reconozca como una alternativa legítima
y eficaz también en procesos penales ordinarios, incluyendo aquellos que involucran
adultos o delitos de mayor complejidad.
Asimismo, la consolidación de la justicia restaurativa se ve condicionada por barreras
institucionales y socioculturales profundamente arraigadas. La resistencia de los
operadores judiciales, la falta de formación especializada, la escasa asignación de
recursos y la predominancia de una cultura punitiva en la sociedad representan
obstáculos significativos para su desarrollo sostenible. En este contexto, las prácticas
restaurativas continúan dependiendo en gran medida de iniciativas aisladas y de la
voluntad de actores específicos, sin contar con políticas públicas robustas que
garanticen su institucionalización.
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No obstante, la existencia de experiencias comunitarias e interculturales,
especialmente en contextos indígenas y rurales, demuestra que es posible articular
formas de justicia basadas en la reparación y la reintegración social. Estas
experiencias ofrecen elementos valiosos para el diseño de modelos híbridos que
reconozcan la diversidad jurídica de la región y fortalezcan la legitimidad del sistema
penal desde una perspectiva más inclusiva y humanizadora.
En conclusión, para que la justicia restaurativa logre consolidarse como una
alternativa real al sistema penal tradicional en América Latina, se requiere una
transformación profunda que abarque no solo el plano normativo e institucional, sino
también el cambio cultural necesario para valorar la reparación por encima del castigo.
Esto implica desarrollar políticas públicas integrales, invertir en formación
especializada, fomentar el pluralismo jurídico y promover una ciudadanía activa que
reconozca el valor del diálogo, la responsabilidad y la restauración en la resolución de
los conflictos penales.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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