Revista Científica Ciencia y Método | Vol.03 | Núm.01 | Ene – Mar | 2025 | www.revistacym.com pág. 30
Retos legales en la implementación de la economía
circular y su impacto en el derecho ambiental
Legal challenges in the implementation of the circular economy and
its impact on environmental law
Pita-Arizaga, Alex Eduardo
1
https://orcid.org/0000-0003-0527-2788
anderssonpi@hotmail.com
Fiscalía General del Estado, Ecuador, Esmeraldas.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n1/34
Resumen: El estudio analiza los desafíos legales que
dificultan la transición hacia la economía circular y su
impacto en la eficacia del derecho ambiental
contemporáneo. Mediante una revisión bibliográfica
sistemática de literatura científica, normativa comparada
e informes internacionales, se identificaron barreras
como la falta de una definición legal unificada, la
dispersión de competencias administrativas, la ausencia
de obligaciones normativas específicas y la escasa
armonización entre jurisdicciones. Asimismo, se
constató que la complejidad de los trámites
administrativos, la carencia de incentivos fiscales
adecuados y la incertidumbre sobre la responsabilidad
legal limitan la inversión y la innovación en modelos
circulares. Los hallazgos evidencian que estas
limitaciones generan un entorno regulatorio fragmentado
que perpetúa los sistemas de producción lineales y
compromete los objetivos de sostenibilidad ambiental. El
estudio concluye que superar estas barreras requiere
reformas normativas integrales que otorguen claridad
jurídica, incentivos claros y mecanismos de gobernanza
coherentes.
Palabras clave: economía circular; derecho ambiental;
retos legales; sostenibilidad normativa; gobernanza
jurídica
Artículo Científico
Received: 2/Ene/2025
Accepted: 2/Feb/2025
Published: 28/Feb/2025
Cita: Pita-Arizaga, A. E. (2025). Retos
legales en la implementación de la
economía circular y su impacto en el
derecho ambiental. Revista Científica
Ciencia Y Método, 3(1), 30-
43. https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n
1/34
Revista Científica Ciencia y Método (RCyM)
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Abstract:
The study analyzes the legal challenges that hinder the transition to the circular
economy and their impact on the effectiveness of contemporary environmental law.
Through a systematic literature review of scientific literature, comparative regulations
and international reports, barriers such as the lack of a unified legal definition, the
dispersion of administrative competences, the absence of specific regulatory
obligations and the scarce harmonization between jurisdictions were identified. It was
also found that the complexity of administrative procedures, the lack of appropriate tax
incentives and uncertainty about legal liability limit investment and innovation in circular
models. The findings show that these limitations generate a fragmented regulatory
environment that perpetuates linear production systems and compromises
environmental sustainability objectives. The study concludes that overcoming these
barriers requires comprehensive regulatory reforms that provide legal clarity, clear
incentives and coherent governance mechanisms.
Keywords: circular economy; environmental law; legal challenges; regulatory
sustainability; legal governance.
1. Introducción
La economía circular ha emergido como un paradigma transformador en la búsqueda
de un desarrollo sostenible que minimice la presión ambiental derivada de los
sistemas de producción y consumo lineales. Este modelo propone cerrar los ciclos de
materiales mediante la reducción, reutilización, reparación y reciclaje, con el propósito
de maximizar la eficiencia de los recursos y reducir los impactos negativos sobre los
ecosistemas (Geissdoerfer et al., 2017). Sin embargo, su implementación enfrenta
numerosos retos legales que se derivan de la complejidad regulatoria, la diversidad
de intereses económicos y la insuficiencia de marcos normativos adaptados a los
principios circulares. El problema central radica en que la falta de un sustento jurídico
coherente y uniforme obstaculiza la adopción de prácticas circulares, perpetuando así
dinámicas de degradación ambiental que comprometen los compromisos
internacionales asumidos por los Estados en materia de cambio climático y protección
de la biodiversidad (Kirchherr et al., 2017).
Entre los principales factores que agravan esta problemática destacan las asimetrías
legislativas entre jurisdicciones, la escasez de incentivos regulatorios eficaces, las
barreras técnicas vinculadas a la gestión de residuos y la ambigüedad en la definición
de responsabilidad extendida del productor. Estas limitaciones generan incertidumbre
jurídica tanto para los operadores económicos como para las autoridades encargadas
de hacer cumplir la normativa ambiental, produciendo una fragmentación que impide
avanzar hacia modelos productivos más sostenibles (Montes & Rincón, 2021).
Asimismo, la transición hacia la economía circular requiere una articulación efectiva
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entre el derecho ambiental y otras disciplinas jurídicas, tales como el derecho
administrativo, mercantil y de competencia, lo cual añade capas de complejidad en la
interpretación y aplicación de las normas (Morseletto, 2020). La inadecuación de la
infraestructura legal también impacta negativamente en la inversión en innovación
tecnológica orientada a la circularidad, debido a la percepción de riesgo regulatorio y
la ausencia de mecanismos claros de estímulo (Manninen et al., 2018).
La relevancia de abordar estos retos se justifica en tanto que el derecho ambiental
constituye el principal instrumento para garantizar la protección de los bienes
colectivos naturales y establecer límites a la explotación indiscriminada de recursos
(Bosselmann, 2016). La economía circular, por su parte, ofrece un marco de acción
que puede contribuir de manera sustantiva a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en particular los relacionados con producción y consumo
responsables (ODS 12) y acción por el clima (ODS 13). Por ello, resulta imperativo
identificar los vacíos normativos que restringen la eficacia de esta estrategia e
impulsar reformas legales que favorezcan su consolidación. Desde la perspectiva
académica, este análisis permite comprender las tensiones que surgen entre los
intereses económicos inmediatos y los compromisos de sostenibilidad ambiental,
facilitando la construcción de propuestas de armonización legislativa y de
fortalecimiento institucional (Lieder & Rashid, 2016). La viabilidad del estudio se
sustenta en la creciente disponibilidad de investigaciones empíricas, estudios
comparados y documentos de política pública que abordan la economía circular desde
una óptica jurídica, lo que proporciona un corpus documental sólido para sustentar un
análisis riguroso y actualizado (Korhonen et al., 2018).
Este trabajo se orienta a examinar de manera crítica los retos legales más relevantes
que enfrenta la implementación de la economía circular y su incidencia sobre la
eficacia del derecho ambiental contemporáneo. El análisis revisará la literatura
científica especializada, con énfasis en estudios publicados en revistas indexadas,
informes de organismos internacionales y normativa comparada, con el propósito de
identificar las principales barreras regulatorias, sus causas y los posibles mecanismos
jurídicos de superación. Se espera que los resultados de esta revisión contribuyan al
debate académico y legislativo en torno a la necesidad de actualizar los marcos
normativos ambientales, de manera que estos acompañen los procesos de
transformación productiva hacia modelos más sostenibles y resilientes frente a la crisis
ambiental global. En suma, el objetivo del presente artículo es analizar, mediante una
revisión bibliográfica sistemática, los principales desafíos jurídicos que dificultan la
transición hacia la economía circular y valorar su impacto en la eficacia y evolución
del derecho ambiental, con el fin de identificar estrategias normativas y de gobernanza
que permitan superar las limitaciones identificadas.
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2. Materiales y métodos
El presente estudio adopta un enfoque explorativo de carácter cualitativo,
fundamentado en la revisión bibliográfica sistemática y crítica de literatura científica
relevante sobre los retos legales que enfrenta la implementación de la economía
circular y su impacto en el derecho ambiental. La metodología empleada consistió en
la identificación, recopilación, análisis y síntesis de información proveniente de fuentes
primarias y secundarias, con énfasis en publicaciones indexadas en bases de datos
internacionales de alta calidad, tales como Scopus y Web of Science.
La selección de documentos se realizó mediante estrategias de búsqueda específicas,
utilizando palabras clave combinadas a través de operadores booleanos, tales como
“economía circular”, “marco jurídico”, “derecho ambiental”, “retos legales” y
“sostenibilidad normativa”. Para garantizar la pertinencia y actualidad del material, se
establecieron criterios de inclusión basados en la relevancia temática, el rigor
metodológico de los estudios, la fecha de publicación comprendida entre los años
2015 y 2024, y la disponibilidad del texto completo en formato electrónico. Asimismo,
se consideraron informes institucionales y documentos de organismos internacionales
que contribuyeran a contextualizar el objeto de análisis desde una perspectiva
comparada.
El procedimiento de revisión contempló varias etapas. Inicialmente, se realizó un
rastreo preliminar de literatura con el propósito de delimitar los principales enfoques
teóricos y conceptuales sobre economía circular y derecho ambiental. Posteriormente,
se aplicaron filtros temáticos y de calidad metodológica, mediante la evaluación de
resúmenes y palabras clave, a fin de depurar los documentos que no respondían al
objetivo específico del estudio. En una fase subsiguiente, se procedió al análisis
detallado de los textos seleccionados, extrayendo información relevante sobre los
principales retos regulatorios, sus factores determinantes, implicaciones jurídicas y
experiencias normativas comparadas. Esta información fue organizada en matrices
de análisis, permitiendo identificar patrones comunes, divergencias conceptuales y
vacíos de investigación.
El proceso de síntesis se orientó a estructurar los hallazgos de manera coherente y a
destacar las tendencias predominantes en la literatura científica, con especial atención
a las propuestas normativas que buscan superar las barreras jurídicas identificadas.
Para asegurar la calidad y validez de los resultados, se contrastaron distintas fuentes,
se verificaron las referencias y se emplearon criterios de triangulación documental, lo
cual permitió fortalecer la fiabilidad del análisis.
Finalmente, la redacción del artículo se realizó siguiendo los lineamientos de la
normativa APA, séptima edición, con el fin de garantizar la transparencia en la
presentación de las referencias y el cumplimiento de estándares éticos en el manejo
de la información. La metodología adoptada permite ofrecer un panorama
comprensivo de los principales desafíos legales de la economía circular, así como
valorar su incidencia en la evolución del derecho ambiental contemporáneo,
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contribuyendo al debate académico y a la formulación de propuestas de mejora
normativa.
3. Resultados
3.1. Vacíos y fragmentación normativa
3.1.1. Falta de definición legal clara de economía circular
La economía circular ha alcanzado una relevancia transversal en la agenda
internacional de sostenibilidad y competitividad económica; sin embargo, su
formalización jurídica continúa siendo notoriamente difusa. Aunque existen múltiples
conceptualizaciones en la doctrina y en la política pública, el concepto carece de un
anclaje normativo unívoco que permita delimitar su contenido obligatorio y sus
implicaciones en la práctica regulatoria (Kirchherr et al., 2017). Esta indeterminación
conceptual afecta la claridad normativa y genera dificultades tanto en la formulación
de políticas públicas coherentes como en la adopción de medidas de control y sanción
eficaces (Korhonen, Honkasalo, & Seppälä, 2018).
De manera paradigmática, Kirchherr et al. (2017) identificaron más de un centenar de
definiciones distintas de economía circular, con énfasis diversos que oscilan entre el
enfoque exclusivamente material de reducción de residuos y visiones integradoras
que incorporan justicia social y regeneración ecológica. Esta pluralidad semántica ha
sido reproducida en la legislación y en los planes nacionales, provocando inseguridad
jurídica en la determinación de los derechos y deberes de los operadores económicos
(Blomsma & Brennan, 2017).
3.1.2. Dispersión de competencias entre autoridades
El proceso de implementación de la economía circular se encuentra condicionado por
la atomización competencial que caracteriza los regímenes jurídicos contemporáneos.
La responsabilidad sobre aspectos críticos—como la gestión de residuos, el diseño
ecológico, la regulación de productos, la contratación pública verde y los incentivos
fiscales—se encuentra distribuida entre distintas autoridades sectoriales, que operan
con criterios de actuación, capacidades técnicas y prioridades políticas divergentes
(Ekins et al., 2020).
Esta dispersión genera superposiciones regulatorias, lagunas normativas y
contradicciones procedimentales que obstaculizan la eficacia de las políticas públicas.
En el ámbito de la gestión de residuos, por ejemplo, la concurrencia de competencias
entre administraciones locales, regionales y nacionales provoca disfunciones en la
planificación estratégica y en la supervisión de los objetivos de reciclaje (Montes &
Rincón, 2021). Este fenómeno se agrava cuando se suman instituciones responsables
de la regulación económica y de la protección de la competencia, que pueden entrar
en colisión con las políticas ambientales orientadas a imponer cuotas de recuperación
o restricciones al diseño lineal de productos.
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Manninen et al. (2018) destacan que uno de los factores críticos que limitan la
transición hacia la circularidad es precisamente la ausencia de mecanismos estables
de coordinación interinstitucional, lo que se traduce en una implementación
fragmentada y en la incapacidad de ofrecer a las empresas un marco de certidumbre
y previsibilidad normativa. Esta desarticulación limita la capacidad de los gobiernos de
establecer incentivos claros y de hacer cumplir las obligaciones derivadas de los
compromisos internacionales de sostenibilidad.
3.1.3. Ausencia de obligaciones normativas específicas
Otro aspecto que refleja la debilidad estructural del marco legal vigente es la
prevalencia de normas de carácter meramente programático, que carecen de
disposiciones concretas que traduzcan los principios de circularidad en obligaciones
jurídicas efectivas. En muchos ordenamientos, los enunciados legales sobre
economía circular son proclamaciones generales de intención, desprovistas de
mecanismos de exigibilidad, de sanciones claras por incumplimiento y de
procedimientos de verificación (Blomsma & Brennan, 2017).
Este déficit normativo tiene consecuencias prácticas considerables. Por ejemplo, en
materia de responsabilidad ampliada del productor, la ausencia de obligaciones
detalladas sobre la recogida selectiva, la financiación del reciclaje y la información
sobre la trazabilidad de los productos limita la capacidad de los consumidores y de las
administraciones para supervisar y exigir el cumplimiento (Lieder & Rashid, 2016). De
igual forma, la regulación de los procesos de ecodiseño y etiquetado ambiental se
encuentra en etapas incipientes, con criterios técnicos que no poseen la fuerza
obligatoria suficiente para orientar el comportamiento empresarial de manera efectiva
(Korhonen et al., 2018).
En este contexto, los tribunales y las autoridades de supervisión carecen de un
andamiaje jurídico robusto que permita fiscalizar las prácticas de producción y
consumo y sancionar aquellas que perpetúan modelos lineales insostenibles (Ekins et
al., 2020). Esta ausencia de obligaciones específicas contrasta con la urgencia de
acelerar la transición productiva, especialmente en sectores de alto impacto ambiental
como el textil, el agroalimentario y la construcción.
3.1.4. Escasa armonización entre países
El desarrollo de un mercado internacional de materiales secundarios y tecnologías
circulares requiere un grado elevado de convergencia normativa, que actualmente se
encuentra lejos de alcanzarse. Las diferencias entre jurisdicciones respecto a la
clasificación de residuos, las condiciones de valorización y los estándares de calidad
de los productos reciclados constituyen un obstáculo recurrente para la circulación
transfronteriza de bienes y servicios circulares.
Por ejemplo, los criterios de fin de condición de residuo (end-of-waste) presentan
variaciones sustanciales entre Estados miembros de la Unión Europea, lo que genera
costos de transacción elevados y riesgos regulatorios que inhiben la inversión
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empresarial. Este déficit de armonización también se extiende a aspectos como la
fiscalidad ambiental y los requisitos de etiquetado ecológico, que difieren en su
alcance y nivel de exigencia (Kirchherr et al., 2017).
La ausencia de un marco jurídico internacional que armonice estos aspectos
esenciales afecta la capacidad de los operadores económicos de operar con
seguridad jurídica y limita la consolidación de cadenas de valor circulares
transnacionales. En la práctica, esta situación fomenta la fragmentación regulatoria y
reduce la eficacia de los compromisos multilaterales asumidos en materia climática,
biodiversidad y gestión de recursos naturales (Ekins et al., 2020).
Los esfuerzos recientes de convergencia normativa impulsados en la Unión Europea
y por organismos multilaterales evidencian la necesidad de avanzar hacia una
gobernanza jurídica más homogénea, que permita a los Estados implementar políticas
de economía circular sin generar distorsiones competitivas ni asimetrías regulatorias
(Montes & Rincón, 2021).
3.2. Barreras a la innovación y la inversión
3.2.1. Trámites administrativos complejos
La transición de los modelos de producción lineales a un enfoque de economía circular
implica no solo la adopción de nuevas prácticas empresariales, sino también el
enfrentamiento de estructuras administrativas que no han evolucionado al ritmo de la
innovación tecnológica. Este desfase genera procedimientos regulatorios que suelen
resultar excesivamente burocráticos, costosos y prolongados, afectando la viabilidad
económica de iniciativas circulares, en particular aquellas promovidas por pequeñas
y medianas empresas (Rizos et al., 2016).
Los procesos de autorización ambiental, permisos de tratamiento de residuos,
certificación de productos remanufacturados y homologación de tecnologías de
valorización de materiales se rigen por marcos legales diseñados originalmente para
industrias convencionales. Estas normativas lineales imponen requisitos formales que
no contemplan la especificidad técnica y organizativa de los nuevos modelos
circulares (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016). Por ejemplo, las plantas de reciclaje de
materiales complejos, como residuos electrónicos, deben tramitar permisos que
implican plazos que pueden superar los dos años, periodo que excede los horizontes
de planificación razonables para inversiones en sectores de alta competitividad (De
Jesus & Mendonça, 2018).
La existencia de criterios interpretativos dispares entre autoridades locales, regionales
y nacionales añade un componente de incertidumbre normativa que erosiona la
confianza empresarial. Las empresas deben destinar recursos significativos a la
asesoría legal y a la gestión de trámites, aumentando los costos fijos de entrada y
reduciendo la rentabilidad esperada de las inversiones (Ranta et al., 2018). Este
entorno regulatorio fragmentado contrasta con la urgencia de consolidar ecosistemas
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de innovación que impulsen el escalamiento de soluciones circulares en sectores
estratégicos como la construcción, la automoción o la industria textil.
Rizos et al. (2016) identificaron en un estudio paneuropeo que más del 60% de las
pequeñas y medianas empresas que habían intentado implementar prácticas
circulares percibieron los trámites regulatorios como un obstáculo crítico, por encima
de las limitaciones tecnológicas o financieras. Este hallazgo evidencia que la
economía circular no solo requiere incentivos económicos, sino también un entorno
administrativo ágil y predecible que reduzca la complejidad procedimental.
3.2.2. Falta de incentivos fiscales adecuados
El marco fiscal desempeña un papel determinante en la orientación de los
comportamientos empresariales hacia modelos de producción sostenibles. Sin
embargo, la evidencia empírica indica que la mayoría de los ordenamientos jurídicos
conservan sistemas tributarios que reproducen lógicas lineales, con escasa capacidad
de estimular la inversión en procesos circulares (Ekins et al., 2020).
Las deducciones fiscales, exenciones y bonificaciones vinculadas a la reutilización, el
reciclaje o el ecodiseño son, en muchos casos, limitadas en alcance y aplicabilidad, lo
que reduce su potencial de transformación de las decisiones empresariales (Manninen
et al., 2018). Incluso en países con políticas ambientales avanzadas, como algunos
Estados miembros de la Unión Europea, los incentivos fiscales suelen focalizarse en
la eficiencia energética y la reducción de emisiones, mientras que las actividades
específicas de economía circular permanecen en un terreno de escaso
reconocimiento tributario.
Por ejemplo, la adquisición de maquinaria especializada para la clasificación
avanzada de residuos o para la remanufactura de componentes suele implicar
elevados costos de inversión inicial que no cuentan con regímenes fiscales
diferenciados que permitan su amortización acelerada. Esta carencia de mecanismos
de estímulo específicos genera desigualdad competitiva frente a modelos de negocio
convencionales, que continúan beneficiándose de economías de escala y de
estructuras fiscales que no internalizan adecuadamente los costos ambientales
(Linder & Williander, 2017).
Ranta et al. (2018) destacan que la falta de incentivos fiscales claros se combina con
un marco financiero limitado, caracterizado por la ausencia de líneas de crédito
preferencial y garantías públicas que mitiguen los riesgos inherentes a proyectos
innovadores. Este déficit de apoyo fiscal y financiero reduce la capacidad de las
empresas para acometer inversiones en rediseño de procesos, certificación de calidad
circular y desarrollo de tecnologías disruptivas.
El resultado es una brecha estructural de competitividad que perpetúa la primacía de
modelos lineales en los mercados, a pesar de la creciente presión normativa y social
para reducir los impactos ambientales. Superar esta brecha requiere, por tanto,
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reformular los sistemas fiscales de manera que integren la circularidad como eje
prioritario de las políticas industriales y de sostenibilidad (Ghisellini et al., 2016).
3.2.3. Incertidumbre sobre responsabilidad legal
La consolidación de la economía circular plantea desafíos normativos sustantivos en
materia de atribución de responsabilidad legal, que no han sido resueltos de manera
sistemática en los marcos jurídicos vigentes. La reutilización de materiales
secundarios y la prolongación del ciclo de vida de los productos generan interrogantes
sobre la distribución de responsabilidades en caso de defectos, incumplimientos
normativos o daños a consumidores y terceros (Wilts, 2017).
Por ejemplo, cuando un producto es remanufacturado a partir de componentes
previamente utilizados, surge la cuestión de si el productor original mantiene alguna
obligación residual respecto a la calidad y seguridad, o si tales responsabilidades
recaen íntegramente en el agente que lleva a cabo la operación de
reacondicionamiento (Linder & Williander, 2017). Esta indeterminación se extiende a
supuestos en que los residuos pasan por sucesivas etapas de valorización, sin que
exista claridad sobre qué operador asume la responsabilidad frente a eventuales
externalidades negativas (Ranta et al., 2018).
Además, los seguros de responsabilidad civil y los sistemas de garantía de productos
no han sido adaptados para contemplar estas nuevas tipologías de riesgo, lo que
genera vacíos que incrementan la percepción de inseguridad jurídica (De Jesus &
Mendonça, 2018). La ausencia de cláusulas contractuales estandarizadas y de
normas específicas que regulen la cesión de responsabilidades contribuye a crear un
entorno de alta incertidumbre regulatoria que desincentiva la inversión empresarial.
Wilts (2017) subraya que esta problemática es particularmente aguda en sectores
donde los estándares de seguridad son estrictos, como la automoción y la electrónica,
en los que cualquier duda sobre la atribución de responsabilidad puede derivar en
litigios prolongados y en un elevado riesgo reputacional. En consecuencia, muchas
empresas prefieren limitar sus actividades de circularidad a intervenciones parciales
que no conllevan responsabilidad extendida, perpetuando así un modelo de baja
ambición.
En síntesis, la falta de certeza normativa sobre la responsabilidad legal en los ciclos
circulares constituye un obstáculo estructural que impide la consolidación de
mercados secundarios robustos y frena la inversión en soluciones innovadoras. La
superación de esta barrera requiere reformas legales que clarifiquen los regímenes
de responsabilidad y desarrollen instrumentos contractuales y aseguradores
adaptados a las especificidades de la economía circular (Ekins et al., 2020).
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4. Discusión
La evidencia revisada permite constatar que la transición hacia la economía circular
enfrenta un conjunto de barreras estructurales cuya superación exige una
reformulación profunda de los marcos jurídicos vigentes. La falta de una definición
legal clara y unificada del concepto de economía circular constituye el primer elemento
que limita la consolidación normativa de este paradigma. Esta ambigüedad conceptual
no es un fenómeno menor, sino que compromete la posibilidad de traducir los
principios programáticos en obligaciones concretas y exigibles, dificultando tanto la
vigilancia administrativa como la certeza jurídica de los agentes económicos
involucrados (Kirchherr et al., 2017; Korhonen, Honkasalo, & Seppälä, 2018).
De manera concomitante, la fragmentación competencial entre autoridades
administrativas de diferentes niveles y sectores genera un entorno regulatorio
caracterizado por la dispersión de mandatos, la duplicidad de procedimientos y la
inexistencia de mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional. Esta
disfuncionalidad institucional alimenta la percepción de inseguridad y eleva de forma
significativa los costos administrativos y de cumplimiento para las empresas que
pretenden implementar modelos circulares (Ekins et al., 2020; Montes & Rincón,
2021). La dispersión normativa, en definitiva, mina la eficacia de las políticas públicas
y dificulta la coherencia regulatoria indispensable para propiciar la inversión
sostenible.
A esta problemática se añade la ausencia de obligaciones normativas específicas en
muchos ordenamientos, que se limitan a recoger enunciados declarativos o
recomendaciones no vinculantes. La carencia de instrumentos jurídicos con fuerza
imperativa para imponer prácticas de ecodiseño, garantizar la responsabilidad
ampliada del productor o establecer estándares de trazabilidad constituye una de las
limitaciones más relevantes de la regulación actual (Blomsma & Brennan, 2017; Lieder
& Rashid, 2016). Como resultado, se perpetúa el predominio de modelos productivos
lineales que continúan generando externalidades ambientales incompatibles con los
compromisos internacionales en materia de clima y biodiversidad.
Por otra parte, el déficit de armonización normativa entre países y regiones configura
un obstáculo estratégico que obstaculiza el desarrollo de mercados secundarios y
cadenas de valor transnacionales basadas en principios de circularidad. Las
divergencias regulatorias sobre criterios de fin de condición de residuo, certificación
de materiales reciclados y fiscalidad ambiental incrementan los costos de transacción
y generan un contexto de elevada incertidumbre normativa (Ranta et al., 2018). Este
fenómeno refleja la necesidad de avanzar en la construcción de un marco jurídico
internacional más coherente y convergente, que permita ofrecer certidumbre y reducir
las asimetrías competitivas entre jurisdicciones.
En materia de inversión e innovación, los hallazgos apuntan a que la persistencia de
trámites administrativos complejos y poco adaptados a las especificidades de la
economía circular constituye una barrera decisiva que desincentiva la transformación
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productiva. Los procedimientos regulatorios prolongados y los requisitos burocráticos
excesivos erosionan la rentabilidad de las iniciativas circulares, en especial para las
pequeñas y medianas empresas que carecen de recursos suficientes para afrontar
estos costos de transacción (Rizos et al., 2016; Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016).
Esta situación evidencia la urgencia de simplificar los procesos administrativos
mediante mecanismos de ventanilla única, plazos de resolución reducidos y criterios
técnicos armonizados.
La falta de incentivos fiscales específicos y de instrumentos financieros adecuados
constituye otro factor crítico que perpetúa el dominio de modelos lineales. La evidencia
empírica sugiere que, en ausencia de estímulos tributarios robustos —como
deducciones, bonificaciones o amortización acelerada de inversiones circulares— las
empresas encuentran pocas razones económicas para asumir los riesgos inherentes
a la adopción de tecnologías disruptivas (Linder & Williander, 2017; Manninen et al.,
2018). El diseño de esquemas fiscales favorables a la circularidad no sólo representa
una herramienta de competitividad, sino también un instrumento estratégico para
alinear los objetivos ambientales con la rentabilidad empresarial.
Finalmente, la incertidumbre sobre la atribución de responsabilidad legal en los ciclos
circulares constituye un factor disuasorio de primer orden. La ausencia de claridad
normativa respecto a la responsabilidad por defectos de productos remanufacturados,
daños ambientales derivados de valorización de residuos o incumplimientos
regulatorios en fases posteriores al consumo genera un entorno de inseguridad
estructural (Wilts, 2017). Este riesgo jurídico es percibido como un factor limitante
tanto por grandes empresas como por emprendedores, que prefieren evitar
inversiones en proyectos circulares ante la posibilidad de litigios prolongados y
sanciones económicas (De Jesus & Mendonça, 2018). La definición de marcos
regulatorios claros y la creación de instrumentos aseguradores adaptados a estos
riesgos son condiciones necesarias para consolidar la confianza empresarial en el
tránsito hacia la circularidad.
En síntesis, la confluencia de estos factores —vacíos conceptuales, fragmentación
competencial, carencia de incentivos fiscales, complejidad administrativa y
ambigüedad en la responsabilidad legal— configura un entorno jurídico-institucional
poco propicio para la economía circular. La superación de estas barreras requiere
reformas normativas comprehensivas, articuladas mediante una visión sistémica que
reconozca la circularidad no como un principio meramente programático, sino como
un eje estructurante del derecho ambiental contemporáneo y de la política económica
global (Ekins et al., 2020). Solo así será posible transformar la innovación circular en
una alternativa viable y competitiva capaz de contribuir de manera efectiva a la
sostenibilidad planetaria.
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5. Conclusiones
Las reflexiones derivadas del presente análisis permiten afirmar que la
implementación efectiva de la economía circular enfrenta un conjunto de retos
jurídicos de carácter estructural que inciden de manera directa en su viabilidad
normativa, operativa y económica. La falta de una definición legal precisa y uniforme
del concepto constituye el primer obstáculo, pues genera un marco regulatorio
ambiguo que dificulta tanto la elaboración de políticas públicas coherentes como la
identificación de obligaciones exigibles para los distintos actores implicados. Esta
ambigüedad se ve reforzada por la dispersión de competencias entre autoridades
administrativas de diferentes niveles, que deriva en un entorno caracterizado por la
fragmentación de funciones, la duplicidad de procedimientos y la ausencia de
mecanismos de coordinación interinstitucional efectivos.
La carencia de obligaciones normativas específicas representa otra limitación
significativa, dado que muchos de los instrumentos legislativos conservan un carácter
programático que impide su aplicación vinculante. Esta circunstancia favorece la
persistencia de modelos lineales y reduce la capacidad de los marcos regulatorios
para promover un cambio estructural hacia prácticas productivas más sostenibles.
Asimismo, la escasa armonización normativa entre países genera divergencias en
aspectos técnicos y procedimentales, tales como la clasificación de residuos, los
criterios de fin de condición de residuo y los requisitos de certificación, lo que
incrementa los costos de transacción y erosiona la competitividad de las empresas
que operan en entornos transnacionales.
En el ámbito de la innovación y la inversión, los trámites administrativos complejos, la
ausencia de incentivos fiscales adecuados y la incertidumbre sobre la atribución de
responsabilidad legal configuran un entorno de elevada inseguridad jurídica que
desincentiva la adopción de modelos circulares. Los procedimientos regulatorios
prolongados y la falta de claridad sobre la distribución de responsabilidades en el ciclo
de vida de los productos generan riesgos que muchas empresas, especialmente las
pequeñas y medianas, no están en condiciones de asumir. De igual forma, el déficit
de estímulos tributarios específicos limita la capacidad de las organizaciones para
acometer inversiones significativas en tecnologías, procesos y capacidades
orientadas a la circularidad.
A la luz de estos hallazgos, resulta evidente que la superación de las barreras
identificadas requiere un enfoque normativo integral que combine la definición precisa
de obligaciones jurídicas, la simplificación de los procedimientos administrativos, la
creación de regímenes fiscales favorables y la armonización normativa en el ámbito
supranacional. El tránsito hacia la economía circular demanda un compromiso
sostenido de los poderes públicos para adecuar los marcos regulatorios a las
particularidades de este paradigma, así como una voluntad política decidida a dotar
de certeza jurídica, incentivos claros y mecanismos de gobernanza eficaces que
permitan su consolidación como modelo de desarrollo sostenible y competitivo. Solo
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mediante estas reformas estructurales será posible transformar la circularidad en un
principio operativo con capacidad real de incidir sobre los patrones de producción y
consumo contemporáneos y de contribuir, de manera efectiva, a la protección
ambiental y la resiliencia económica global.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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