Revista Científica Ciencia y Método | Vol.02 | Núm.04 | Oct – Dic | 2024 | www.revistacym.com pág. 14
Integración de la perspectiva de género en la
jurisprudencia constitucional latinoamericana
Integration of gender perspective in Latin American constitutional
jurisprudence
Pita-Arizaga, Alex Eduardo
1
https://orcid.org/0000-0003-0527-2788
anderssonpi@hotmail.com
Fiscalía General del Estado, Ecuador, Esmeraldas.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v2/n4/49
Resumen: El estudio analiza críticamente la integración de la
perspectiva de género en la jurisprudencia constitucional
latinoamericana, destacando su relevancia para garantizar la
igualdad sustantiva y reducir desigualdades estructurales.
Mediante un enfoque exploratorio de revisión bibliográfica, se
recopilaron y examinaron investigaciones académicas y
sentencias emitidas por tribunales constitucionales de
Colombia, México, Chile y Argentina, priorizando la
producción de los últimos quince años. Los resultados revelan
avances significativos, como el reconocimiento progresivo de
derechos reproductivos y la adopción de medidas de
protección diferenciada; sin embargo, persisten resistencias
interpretativas, estereotipos sexistas y un uso fragmentario de
estándares internacionales que limitan la eficacia
transformadora de las decisiones judiciales. Asimismo, se
constata que el impacto real sobre las estructuras de
desigualdad sigue siendo limitado debido a la falta de
seguimiento efectivo, debilidad institucional y escasa
articulación con políticas públicas inclusivas. El estudio
concluye que la consolidación de un constitucionalismo
transformador requiere fortalecer la formación de operadores
jurídicos en derechos humanos con enfoque de género,
institucionalizar criterios hermenéuticos obligatorios y
fomentar la participación activa de la sociedad civil para
garantizar la materialización efectiva de los derechos
reconocidos.
Palabras clave: perspectiva de género; jurisprudencia
constitucional; derechos humanos; América Latina; igualdad
sustantiva.
Artículo Científico
Received: 30/Sep/2024
Accepted: 15/Oct/2024
Published: 31/Oct/2024
Cita: Pita-Arizaga, A. E. (2024). Integración
de la perspectiva de género en la
jurisprudencia constitucional
latinoamericana. Revista Científica Ciencia
Y Método, 2(4), 14-
25. https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v2/n
4/49
Revista Científica Ciencia y Método (RCyM)
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Artículo Científico
Octubre – Diciembre 2024
Abstract:
The study critically analyzes the integration of the gender perspective in Latin
American constitutional jurisprudence, highlighting its relevance in guaranteeing
substantive equality and reducing structural inequalities. Through an exploratory
literature review approach, academic research and rulings issued by constitutional
courts in Colombia, Mexico, Chile and Argentina were compiled and examined,
prioritizing the production of the last fifteen years. The results reveal significant
advances, such as the progressive recognition of reproductive rights and the adoption
of differentiated protection measures; however, interpretative resistance, sexist
stereotypes and a fragmentary use of international standards persist, limiting the
transformative effectiveness of judicial decisions. Likewise, the real impact on the
structures of inequality continues to be limited due to the lack of effective follow-up,
institutional weakness and scarce articulation with inclusive public policies. The study
concludes that the consolidation of a transforming constitutionalism requires
strengthening the training of legal operators in human rights with a gender perspective,
institutionalizing mandatory hermeneutic criteria and encouraging the active
participation of civil society to guarantee the effective materialization of recognized
rights.
Keywords: gender perspective; constitutional jurisprudence; human rights; Latin
America; substantive equality.
1. Introducción
La integración de la perspectiva de género en la jurisprudencia constitucional
latinoamericana constituye un desafío jurídico y social de magnitud considerable,
cuyas implicaciones inciden directamente en la consolidación de los derechos
humanos y en la reducción de las desigualdades estructurales. Pese a la progresiva
incorporación de normas internacionales y regionales que reconocen la obligación de
los Estados de garantizar la igualdad sustantiva, persiste una brecha significativa entre
los marcos normativos y su aplicación efectiva en las sentencias de los tribunales
constitucionales (Rodríguez-Garavito & Rodríguez-Franco, 2005). Esta distancia entre
el reconocimiento formal y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de las
diversidades sexuales configura un problema complejo que repercute en la vigencia
del principio de igualdad ante la ley y en la legitimidad de las instituciones judiciales
en la región (Guzmán León, 2019).
Entre los factores que inciden en esta problemática se identifican, por un lado, la
persistencia de patrones socioculturales patriarcales que influyen en la interpretación
judicial y, por otro, la limitada formación de operadores jurídicos en materia de género
(Ruiz-Chiriboga, 2014). Asimismo, la escasa incorporación de estándares
interamericanos y universales de derechos humanos en los razonamientos
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constitucionales restringe la eficacia transformadora de la jurisprudencia (Vásquez &
Ramírez, 2020). Estas limitaciones generan afectaciones que trascienden el ámbito
jurídico, impactando de manera directa en la capacidad de las mujeres y las minorías
sexuales para acceder a la justicia, obtener reparaciones adecuadas y participar
plenamente en la vida pública. Por ejemplo, estudios recientes han documentado que,
incluso en sistemas constitucionales con cláusulas explícitas de igualdad, persisten
decisiones que reproducen estereotipos de género y obstaculizan la implementación
de políticas públicas inclusivas (Contesse, 2018).
La relevancia de abordar esta cuestión radica en que los tribunales constitucionales
desempeñan un papel central en la definición de los alcances de los derechos
fundamentales y en la orientación de las políticas estatales. La jurisprudencia que
adopta una perspectiva de género no solo contribuye a la protección de los derechos
individuales, sino que además posibilita la transformación de relaciones de poder
históricamente desiguales (Ramos, 2017). Por tanto, examinar de manera sistemática
el grado de integración de este enfoque en la jurisprudencia latinoamericana resulta
indispensable para identificar avances, tensiones y desafíos persistentes. Esta
revisión bibliográfica permitirá también establecer un estado del arte actualizado que
sirva como insumo para futuras investigaciones comparadas y para el diseño de
estrategias orientadas a fortalecer la perspectiva de género en los tribunales
constitucionales de la región (Llanos-García et al., 2024).
La viabilidad de este estudio se sustenta en la disponibilidad de un corpus creciente
de investigaciones académicas, sentencias relevantes y estándares internacionales
que brindan el marco analítico adecuado para el abordaje del problema. Las bases de
datos especializadas, como Scopus y Web of Science, contienen un número
significativo de estudios empíricos y teóricos que documentan la evolución
jurisprudencial y los factores que inciden en la adopción de la perspectiva de género
(Fix-Fierro & López Ayllón, 2016). Asimismo, la existencia de pronunciamientos
paradigmáticos, como las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, evidencia que la región cuenta
con experiencias relevantes que pueden analizarse en profundidad para extraer
lecciones comparadas (Vásquez, 2019).
Por consiguiente, este artículo tiene como objetivo principal analizar de manera crítica
y comprehensiva la incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia
constitucional latinoamericana, identificando tanto los avances normativos y
jurisprudenciales como las limitaciones que persisten en su aplicación efectiva. A partir
de una revisión exhaustiva de la literatura científica y de los fallos judiciales más
influyentes, se busca aportar una visión integral que permita comprender las
dinámicas de producción de decisiones judiciales con enfoque de género y su impacto
en la garantía de derechos. En este sentido, el trabajo pretende no solo sistematizar
el conocimiento existente, sino también contribuir al debate académico y a la reflexión
sobre las estrategias necesarias para consolidar la igualdad sustantiva en los sistemas
constitucionales de América Latina (Barzola-Plúas, 2022).
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2. Materiales y métodos
La metodología empleada en este artículo responde a un enfoque exploratorio de
revisión bibliográfica orientado a sistematizar y analizar la incorporación de la
perspectiva de género en la jurisprudencia constitucional latinoamericana. Este
enfoque permite aproximarse de manera crítica y comprehensiva al estado actual de
la producción académica y jurisprudencial sobre la materia, con el propósito de
identificar avances, tensiones y desafíos que caracterizan su desarrollo en la región.
Para la recopilación de información, se realizó una búsqueda exhaustiva en
repositorios digitales, bibliotecas universitarias y revistas académicas especializadas,
priorizando artículos publicados durante los últimos quince años. El criterio temporal
respondió a la necesidad de reflejar tanto la evolución normativa y jurisprudencial
reciente como las transformaciones en la doctrina y en las prácticas judiciales
relacionadas con el enfoque de género. La selección de las fuentes consideró
publicaciones con pertinencia temática, relevancia científica y rigor metodológico,
incluyendo estudios empíricos, teóricos y doctrinales que aborden la intersección entre
género, justicia constitucional y derechos humanos.
Se procedió a identificar y sistematizar decisiones judiciales relevantes emitidas por
tribunales constitucionales latinoamericanos, tales como la Corte Constitucional de
Colombia, el Tribunal Constitucional de Chile, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México y la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Este corpus
jurisprudencial se analizó con el propósito de examinar el grado de integración de
estándares internacionales de igualdad y no discriminación, así como el uso de
argumentos con enfoque de género en la fundamentación de los fallos.
El procedimiento de análisis consistió en una lectura crítica y comparativa de los
documentos seleccionados, con especial atención a los criterios interpretativos, los
principios constitucionales aplicados y los impactos declarados de las sentencias
sobre los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Asimismo, se
elaboraron matrices de síntesis para clasificar los hallazgos en categorías analíticas,
tales como reconocimiento de derechos, medidas de protección especial,
transformaciones institucionales y límites en la implementación efectiva de la
perspectiva de género.
En la redacción del artículo, se aplicaron las normas establecidas por la séptima
edición del Manual de Publicación de la American Psychological Association (APA),
garantizando la correcta citación de todas las fuentes consultadas y la claridad
expositiva de los contenidos. El carácter exploratorio de esta investigación se justifica
en razón de que, si bien existe un volumen creciente de estudios sobre género y
constitucionalismo, persisten áreas insuficientemente sistematizadas que requieren
análisis integradores y actualizados.
Esta metodología, centrada en la revisión bibliográfica especializada y el examen
crítico de sentencias paradigmáticas, posibilita un abordaje riguroso y ordenado del
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fenómeno estudiado, así como la generación de conclusiones fundadas que
contribuyan a la discusión académica y al fortalecimiento de la perspectiva de género
en la justicia constitucional latinoamericana.
3. Resultados
3.1. Principales tendencias en la integración de la perspectiva de género en la
jurisprudencia constitucional latinoamericana
El examen de la evolución jurisprudencial en América Latina permite constatar la
existencia de transformaciones significativas en la manera en que los tribunales
constitucionales abordan el género como categoría jurídica y como eje transversal de
interpretación. Este proceso de incorporación ha sido progresivo y desigual, y
evidencia tanto avances normativos relevantes como persistencias de patrones
tradicionales que dificultan el pleno despliegue de los estándares internacionales de
derechos humanos. La tensión entre la formalización de un discurso igualitario y la
materialización efectiva de derechos sustantivos configura un panorama complejo que
convoca a un análisis detallado de las tendencias predominantes en la región
(Samaniego-Quiguiri, 2023).
3.1.1. Reconocimiento progresivo de derechos con enfoque de género
Uno de los desarrollos más notorios de la última década radica en la consolidación de
un corpus jurisprudencial que reconoce de manera explícita derechos fundamentales
de las mujeres y de las diversidades sexuales, situando la perspectiva de género como
un criterio relevante de interpretación constitucional. Este reconocimiento ha sido
posible gracias a la presión constante de los movimientos feministas, la labor de la
academia crítica y el impulso normativo derivado de compromisos internacionales.
Guzmán León (2019) destaca que, particularmente en Colombia, México y Argentina,
los tribunales constitucionales han dictado sentencias que afirman la justiciabilidad de
derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a métodos anticonceptivos, la
interrupción voluntaria del embarazo bajo determinadas condiciones y la protección
frente a estereotipos discriminatorios en el ámbito laboral y educativo (Núñez-
Ribadeneyra, 2023).
Estos avances configuran un tránsito desde un paradigma formal de igualdad hacia
concepciones más sustantivas, en las que se reconoce la necesidad de medidas de
protección diferenciada para superar desigualdades estructurales históricas. Vásquez
(2019) sostiene que esta evolución doctrinal ha redefinido el alcance del principio de
igualdad ante la ley, incorporando criterios de proporcionalidad reforzada y enfoque
interseccional en la valoración de las afectaciones de derechos. Sin embargo, este
reconocimiento progresivo no ha sido uniforme, ya que persisten jurisdicciones en las
que la jurisprudencia mantiene una visión restrictiva de los derechos con enfoque de
género, lo que revela la coexistencia de tendencias innovadoras con otras de carácter
conservador.
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3.1.2. Persistencia de estereotipos y resistencias interpretativas
A pesar de los avances normativos y doctrinales descritos, la jurisprudencia
constitucional latinoamericana continúa exhibiendo resistencias interpretativas que
limitan el alcance transformador del enfoque de género. Este fenómeno se manifiesta
en la reproducción de estereotipos sexistas y en la subsistencia de prácticas
argumentativas que desestiman la dimensión estructural de la discriminación. Ramos
(2017) identifica que, en numerosos casos, los tribunales aún sostienen argumentos
que relativizan la violencia de género, invisibilizan los obstáculos específicos que
enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, o subordinan los derechos
reproductivos a consideraciones morales y religiosas, reproduciendo patrones
patriarcales en el discurso jurídico.
Fix-Fierro y López Ayllón (2016) argumentan que el fenómeno de la judicialización de
la política en la región, si bien ha posibilitado la expansión de derechos en algunas
materias, también ha derivado en decisiones que refuerzan visiones conservadoras
sobre el orden familiar, el rol de las mujeres y la organización de la vida social. Estas
resistencias interpretativas tienen consecuencias directas sobre la efectividad de los
derechos reconocidos, pues perpetúan relaciones asimétricas de poder y legitiman la
exclusión simbólica de las perspectivas de género en la construcción del derecho
constitucional. Este déficit interpretativo pone de relieve la necesidad de programas
sistemáticos de capacitación judicial y de estrategias de litigio que fortalezcan la
aplicación de estándares internacionales con perspectiva de género (Samaniego-
Quiguiri & Bonilla-Morejón, 2024).
3.1.3. Incorporación incipiente de estándares internacionales
Otra tendencia relevante consiste en el proceso, aún incipiente, de incorporación de
estándares internacionales provenientes de instrumentos como la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Contesse (2018) documenta que, aunque la mayoría de los
tribunales constitucionales de la región reconocen formalmente la fuerza vinculante
de estos instrumentos, su aplicación efectiva en la fundamentación de sentencias es
heterogénea y, en ocasiones, meramente retórica. En algunos países, la cita de
estándares internacionales se limita a un recurso ornamental sin consecuencias
prácticas, mientras que en otros contextos ha comenzado a adquirir mayor densidad
argumentativa y operatividad.
Rodríguez-Garavito y Rodríguez-Franco (2005) sostienen que la capacidad
transformadora de estos estándares depende de la existencia de operadores jurídicos
con conocimiento especializado y de la articulación con políticas públicas orientadas
a garantizar la igualdad sustantiva. En efecto, la integración de dichos estándares
requiere superar la concepción formalista que reduce su contenido a una simple
mención y avanzar hacia un uso interpretativo que potencie la protección de los
derechos y promueva medidas de acción afirmativa. Esta transición resulta
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fundamental para consolidar un constitucionalismo transformador que no se limite a
reproducir la desigualdad bajo ropajes normativos progresistas.
3.1.4. Impacto limitado en la transformación estructural
Finalmente, es preciso reconocer que el impacto real de la jurisprudencia con enfoque
de género en la transformación estructural de las relaciones de desigualdad ha sido
limitado. Si bien las sentencias han posibilitado avances normativos significativos,
tales como la eliminación de normas discriminatorias y el establecimiento de medidas
de protección reforzada, estos logros no siempre se traducen en cambios materiales
y sostenibles en la vida cotidiana de las personas afectadas. Vásquez y Ramírez
(2020) advierten que el déficit de mecanismos eficaces de seguimiento, la debilidad
institucional y la falta de voluntad política en algunos Estados limitan la capacidad de
las decisiones judiciales para producir transformaciones estructurales.
Contesse (2018) subraya que la eficacia de la jurisprudencia constitucional depende
en gran medida de su articulación con políticas públicas y programas de
implementación que permitan superar los factores que perpetúan la discriminación.
De lo contrario, existe el riesgo de que el reconocimiento judicial de derechos
permanezca confinado en el plano declarativo y no genere un efecto transformador en
las relaciones de poder, en las prácticas culturales y en la distribución de recursos. En
este sentido, se hace indispensable robustecer los mecanismos de seguimiento de las
sentencias, fortalecer el litigio estratégico con enfoque interseccional y promover
espacios de diálogo entre el Poder Judicial, la sociedad civil y los organismos
internacionales para garantizar la materialización efectiva de los derechos con
perspectiva de género (Labanda Fierro, 2024).
4. Discusión
El examen detallado de la integración de la perspectiva de género en la jurisprudencia
constitucional latinoamericana pone de manifiesto un escenario de contrastes, en el
que convergen avances normativos y jurisprudenciales notables con limitaciones
persistentes de orden institucional, interpretativo y cultural. Esta tensión estructural
configura una paradoja: aunque los tribunales constitucionales han desempeñado un
papel fundamental en la expansión formal de los derechos de las mujeres y de las
diversidades sexuales, los logros alcanzados no siempre se traducen en
transformaciones sustanciales de las relaciones sociales ni en la eliminación de las
desigualdades materiales que subyacen a las prácticas discriminatorias (Bascuñán
Vial, 2022).
Un aspecto cardinal que emerge de este análisis es que el reconocimiento progresivo
de derechos con enfoque de género, si bien ha sido un hito normativo en diversos
sistemas constitucionales, todavía adolece de una aplicación fragmentaria e
intermitente. Guzmán León (2019) sostiene que, en países como México y Colombia,
los tribunales han contribuido decisivamente a garantizar derechos reproductivos y a
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incorporar categorías de protección diferenciada, lo que representa un avance
innegable respecto de décadas anteriores marcadas por la invisibilización normativa
de las desigualdades de género. No obstante, la consolidación de esta tendencia se
encuentra condicionada por la capacidad de los jueces de articular argumentaciones
consistentes con estándares internacionales y de emplear un enfoque interseccional
que reconozca la complejidad de las discriminaciones múltiples que enfrentan las
mujeres en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Vásquez (2019) advierte que
el potencial emancipador de estas decisiones solo se activa cuando existe una
interpretación judicial sensible al contexto y orientada a eliminar no solo las barreras
legales, sino también las prácticas institucionales que perpetúan la subordinación de
género.
En el ámbito interpretativo, la persistencia de estereotipos y resistencias revela que el
discurso de igualdad sustantiva no ha logrado desplazar por completo los marcos
hermenéuticos tradicionales que han sostenido históricamente la discriminación.
Ramos (2017) documenta que, en numerosas ocasiones, los tribunales continúan
privilegiando argumentos que reproducen la idea de la maternidad como destino
natural o la subordinación de los derechos reproductivos a consideraciones morales.
Este fenómeno no es menor, pues implica que la aplicación de la perspectiva de
género permanece en tensión constante con lógicas normativas y culturales de
carácter patriarcal. A ello se suma lo que Fix-Fierro y López Ayllón (2016) denominan
la “politización conservadora” de la jurisdicción constitucional, mediante la cual
sectores sociales y políticos ejercen presión sobre los jueces para limitar la expansión
de derechos, sobre todo en asuntos que afectan las jerarquías tradicionales de género
y sexualidad. Estas resistencias se materializan, por ejemplo, en decisiones que
desestiman la gravedad de la violencia de género o que niegan la legitimidad de los
reclamos colectivos de reparación.
Otro hallazgo significativo radica en el carácter incipiente y, en ocasiones, meramente
declarativo de la incorporación de estándares internacionales. Contesse (2018) señala
que los tribunales suelen invocar la jurisprudencia interamericana y los tratados
internacionales de derechos humanos como un recurso retórico que refuerza la
legitimidad discursiva de sus sentencias, pero sin que ello conlleve necesariamente
un uso operativo de dichos estándares en la resolución del caso. Esta disociación
entre el reconocimiento de la obligatoriedad internacional y su implementación
práctica genera un déficit de coherencia que compromete la fuerza vinculante de la
jurisprudencia y limita su potencial para promover la transformación social. Rodríguez-
Garavito y Rodríguez-Franco (2005) sostienen que este fenómeno está asociado tanto
a la falta de capacitación especializada como a la ausencia de metodologías
jurisprudenciales que sistematicen los criterios para aplicar los estándares
internacionales en clave de género.
Asimismo, es pertinente subrayar que la recepción heterogénea de estos estándares
genera desigualdades significativas entre jurisdicciones, creando lo que Vásquez y
Ramírez (2020) describen como un “mosaico fragmentado de garantías” que depende
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en buena medida de la voluntad política y de la sensibilidad individual de los jueces.
Ello plantea el desafío de institucionalizar la perspectiva de género como un mandato
normativo transversal, que no dependa exclusivamente del litigio estratégico de
organizaciones de la sociedad civil ni de decisiones aisladas, sino que se integre como
un criterio hermenéutico obligatorio en todas las materias de relevancia constitucional.
Finalmente, el impacto limitado de las decisiones constitucionales en la transformación
estructural de las relaciones sociales revela la distancia entre el reconocimiento formal
de derechos y su ejercicio efectivo. Contesse (2018) observa que la eficacia de la
jurisprudencia está condicionada por factores contextuales, tales como la precariedad
institucional, la insuficiencia presupuestaria y la persistencia de estructuras de poder
que obstaculizan la ejecución de medidas de reparación. En este sentido, Vásquez
(2019) señala que, sin mecanismos eficaces de monitoreo y seguimiento, incluso las
sentencias más progresistas pueden convertirse en pronunciamientos simbólicos,
incapaces de alterar las desigualdades materiales que configuran la vida cotidiana de
las mujeres y de las diversidades sexuales. Esta constatación obliga a reconocer que
el derecho constitucional, por sí solo, no puede asumir la tarea de transformar
estructuras históricas de opresión si no se articula con políticas públicas inclusivas,
estrategias de cambio cultural y mecanismos robustos de control ciudadano.
Así, la evidencia analizada permite sostener que la consolidación de un
constitucionalismo transformador con perspectiva de género implica trascender la
lógica declarativa para situar el enfoque de igualdad como un mandato transversal de
interpretación y aplicación judicial. Ello requiere, en primer lugar, fortalecer la
formación de jueces y operadores jurídicos en los estándares internacionales de
derechos humanos con enfoque de género, promoviendo una cultura judicial que
rechace de manera explícita la reproducción de estereotipos. En segundo término,
resulta indispensable institucionalizar mecanismos de articulación entre tribunales
nacionales y organismos internacionales, con el fin de dotar de coherencia y fuerza
vinculante a los criterios de protección. Finalmente, se requiere fomentar el
involucramiento activo de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas orientadas a eliminar la discriminación estructural. Solo a través
de esta confluencia de dimensiones jurídicas, institucionales y sociales será posible
superar la tensión entre reconocimiento normativo y transformación efectiva,
avanzando hacia un modelo constitucional capaz de garantizar el ejercicio pleno de
los derechos en condiciones de igualdad sustantiva.
5. Conclusiones
El estudio de la integración de la perspectiva de género en la jurisprudencia
constitucional latinoamericana permite constatar que se han producido avances
normativos y jurisprudenciales relevantes que han transformado, al menos
parcialmente, el panorama de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las
diversidades sexuales en la región. La consolidación de pronunciamientos que
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reconocen derechos reproductivos, prohíben la discriminación y exigen medidas de
protección reforzada constituye un paso significativo hacia la superación del
paradigma formal de igualdad, acercando los sistemas constitucionales a una
concepción sustantiva que reconoce las desigualdades estructurales.
No obstante, persisten resistencias interpretativas y la reproducción de estereotipos
de género que limitan la eficacia de las decisiones judiciales y perpetúan prácticas
discriminatorias profundamente arraigadas en la cultura jurídica y en las instituciones.
La existencia de un uso fragmentario y retórico de los estándares internacionales
evidencia que la adhesión formal a los instrumentos internacionales de derechos
humanos no garantiza, por sí misma, la adopción de un enfoque consistente y
transformador en el razonamiento constitucional.
La experiencia latinoamericana demuestra que el potencial emancipador de la
jurisprudencia constitucional depende de la confluencia de factores normativos,
institucionales y sociales. Entre ellos destacan la formación especializada de los
operadores jurídicos, el compromiso político con la igualdad de género, la articulación
de políticas públicas inclusivas y la creación de mecanismos efectivos de monitoreo y
seguimiento que garanticen la ejecución material de los derechos reconocidos.
Es posible afirmar que el recorrido emprendido hasta ahora ha permitido consolidar
un discurso jurídico que reconoce la centralidad de la igualdad de género como un
componente esencial de la democracia constitucional. Sin embargo, la distancia entre
el reconocimiento normativo y la transformación real de las condiciones de vida de las
mujeres y de las personas pertenecientes a colectivos históricamente discriminados
constituye un desafío pendiente.
Por ello, se requiere avanzar hacia un modelo de constitucionalismo transformador
que no se limite a la declaración formal de derechos, sino que oriente sus esfuerzos a
eliminar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad. Este objetivo implica
fortalecer la coherencia entre la jurisprudencia nacional y los estándares
internacionales, institucionalizar el enfoque de género como mandato transversal y
garantizar la participación activa de la sociedad civil en los procesos de
implementación y seguimiento. Solo de esta manera será posible consolidar un orden
constitucional capaz de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones
de igualdad sustantiva y dignidad humana.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
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Artículo Científico
Octubre – Diciembre 2024
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