
Revista Científica Ciencia y Método | Vol.03 | Núm.03 | Jul – Sep | 2025 | www.revistacym.com pág. 103
Boné-Andrade et al., (2023) La mayoría de las administraciones públicas concentran
sus esfuerzos en darle prioridad a las necesidades del día a día de los ciudadanos.
En este sentido, (Vinueza & Jiménez, 2019) menciona que las amenazas que han
ganado terreno, los ciberataques destacan como una herramienta cada vez más
utilizada, ya sea para la represión política o para desafiar al Estado, de manera directa
o encubierta. El GAD El Empalme no cuenta con protocolos de gestión de incidentes,
ni con políticas de retroalimentación ciudadana tras vulneraciones de seguridad. A
esto se suma una baja inversión presupuestaria, donde menos del 5% del gasto en
tecnologías de la información se destina a seguridad digital, lo cual impide adoptar
estándares como la norma ISO 27001 o marcos como el del NIST (Instituto Nacional
de Estándares y Tecnología), fundamentales para una gestión integral del riesgo.
El análisis revela desafíos sustanciales en términos de transparencia institucional y
percepción ciudadana. La encuesta evidencia que solo el 28% de los usuarios confía
plenamente en los servicios digitales del GAD El Empalme, mientras que un 25% se
muestra totalmente en desacuerdo con la afirmación de que sus datos están seguros.
Además, el 35% de los encuestados cuestiona la capacitación del personal, lo que
refuerza la percepción de desprotección frente a amenazas como el phishing, accesos
no autorizados o suplantación de identidad. Este entorno refuerza un círculo de
deslegitimación institucional, donde la ciudadanía se distancia progresivamente del
uso de servicios digitales ante la falta de garantías mínimas.
Los resultados muestran una digitalización fragmentada y expuesta, con limitada
capacidad de respuesta institucional y bajo compromiso ciudadano. A diferencia de
experiencias exitosas en otras jurisdicciones locales que integran formación continua,
inversión tecnológica y participación social, en el GAD El Empalme exhibe una
estrategia reactiva, con adquisiciones lentas y alta rotación de personal técnico, lo cual
debilita la sostenibilidad de cualquier avance tecnológico. Esto evidencia que la
tecnología por sí sola no transforma la administración pública, si no se acompaña de
políticas públicas sólidas y una cultura institucional orientada a la seguridad y la
transparencia.
Respecto al fortalecimiento del vínculo entre gobierno y ciudadanía, los indicadores
son claros: la confianza es baja, la percepción de transparencia limitada (40% se
declara neutral o en desacuerdo con la gestión de sus datos), y no existen
mecanismos efectivos de comunicación sobre las medidas de seguridad
implementadas. Tal como plantea (Morán et al., 2024) empoderar a los ciudadanos,
mejorar la entrega de servicios, fortalecer la responsabilidad, incrementar la
transparencia y mejorar la eficiencia gubernamental.
La ciberseguridad, entonces, no solo debe entenderse como un componente técnico
del gobierno electrónico, sino como una herramienta estratégica de fortalecimiento
institucional y reconstrucción de la legitimidad pública. Sin embargo, para que esto
sea posible, es indispensable superar las barreras técnicas, organizativas y