Revista Científica Ciencia y Método | Vol.03 | Núm.03 | Jul – Sep | 2025 | www.revistacym.com pág. 322
El impacto de la política fiscal en los programas
sociales del MIES de Quevedo
The impact of fiscal policyn the social programs of MIES of Quevedo
Chimba-Jimenez, Nathaly Dennise
1
Benavides-Pinargote, Romina Lissbeth
2
https://orcid.org/0009-0002-9069-5813
https://orcid.org/0009-0007-9482-6653
nchimbaj@uteq.edu.ec
rbenavidesp@uteq.edu.ec
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador,
Quevedo.
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador,
Quevedo.
Palate-Mayorga, Mirelly Ahitana
3
Chimba-Padilla, Julio Cesar
4
https://orcid.org/0009-0006-6392-4421
https://orcid.org/0009-0001-8772-353X
mpalatem@uteq.edu.ec
jcharlychimba7leo@gmail.com
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador,
Quevedo.
Universidad IEXE, México, Puebla de Zaragoza.
Zamora-Mayorga, Darwin Javier
5
https://orcid.org/0000-0001-5118-2519
dzamora@uteq.edu.ec
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador,
Quevedo.
Autor de correspondencia
1
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n3/76
Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo analizar
si el presupuesto asignado por el Estado y la gestión de los
programas del MIES en Quevedo responden a las
necesidades de la población de bajos recursos y
contribuyen a mejorar su calidad de vida. Se aplicaron
encuestas al personal del área administrativa-financiera y a
usuarios de los programas para Adultos Mayores y Centros
de Desarrollo Infantil, empleando un enfoque descriptivo y
cuantitativo. Los resultados evidenciaron percepciones
mayoritariamente positivas respecto al impacto de estas
iniciativas en el bienestar, acceso a servicios y apoyo
económico, aunque persisten limitaciones en cobertura,
oportunidad de atención y suficiencia presupuestaria. Estos
hallazgos sugieren que, si bien la intervención del MIES
genera beneficios tangibles, su efectividad depende de una
adecuada asignación y ejecución de recursos. En
consecuencia, se recomienda fortalecer la política fiscal
orientada al ámbito social, asegurando inversión sostenida,
transparencia y mecanismos de evaluación que garanticen
un impacto real y medible en la calidad de vida de los
beneficiarios.
Palabras clave: política fiscal, programas, MIES,
Quevedo, presupuesto, calidad de vida.
Artículo Científico
Received: 02/Ago/2025
Accepted: 22/Ago/2025
Published: 31/Ago/2025
Cita: Chimba-Jimenez, N. D., Benavides-
Pinargote, R. L., Palate-Mayorga, M. A.,
Chimba-Padilla, J. C., & Zamora-Mayorga,
D. J. (2025). El impacto de la política fiscal
en los programas sociales del MIES de
Quevedo. Revista Científica Ciencia Y
Método, 3(3), 322-
334. https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/
n3/76
Revista Científica Ciencia y Método (RCyM)
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Artículo Científico
Abstract:
This study examines the relationship between state budget allocation and the
effectiveness of the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) programs in
Quevedo, aimed at low-income populations. A descriptive and quantitative approach
was applied through surveys administered to administrative-financial staff and
beneficiaries of programs for the Elderly and Child Development Centers (CDI). The
results showed a positive impact on users’ well-being, access to services, and
economic support, although limitations were identified in coverage, timeliness of
service, and budget sufficiency. It is concluded that, to optimize benefits, it is necessary
to strengthen social-oriented fiscal policy, ensure efficient resource allocation, and
establish monitoring and evaluation mechanisms that guarantee a real and
measurable impact on the quality of life of the beneficiaries.
Keywords: fiscal policy, programs, MIES, Quevedo, budget, quality of life.
1. Introducción
En el contexto actual, la política fiscal constituye un elemento esencial para la
sostenibilidad de los programas sociales implementados por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), ya que está directamente vinculada con la gestión de
ingresos y gastos del Estado. En este sentido, la presente investigación examina la
relación entre la asignación presupuestaria y la eficiencia del gasto público,
considerando su incidencia en la permanencia y alcance de las intervenciones
sociales (CEPAL, 2023).
La asignación de recursos mediante el presupuesto estatal tiene como propósito
garantizar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, tales como la salud, la
educación, la seguridad social y la inclusión económica. Estas responsabilidades
recaen, en gran medida, en instituciones como el MIES, que desempeña un papel
estratégico en la atención a grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, a
través de programas orientados al bienestar y la cohesión social (BID, 2023).
En los últimos cinco años, el Estado ecuatoriano ha experimentado restricciones
fiscales significativas como resultado de la reducción de ingresos públicos y la
volatilidad de los precios del petróleo, lo que ha limitado la disponibilidad de recursos
para sostener programas sociales. Esta situación ha puesto en riesgo la continuidad
y el alcance de las políticas orientadas a la atención de grupos vulnerables,
evidenciando la dependencia del país de fuentes de ingresos sujetas a fluctuaciones
externas (Villalba, 2024).
A este panorama se suma el incremento del endeudamiento público y la imposición
de reformas de ajuste estructural, las cuales han sido implementadas con el propósito
de estabilizar las cuentas fiscales. Aunque esas medidas persiguen la sostenibilidad
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Artículo Científico
macroeconómica, también han ejercido una presión significativa sobre el presupuesto
nacional, lo que ha provocado restricciones en el gasto social y ha limitado la
capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades ciudadanas
(Romero et al., 2024).
En este contexto, la ciudad de Quevedo, cabecera cantonal de una zona caracterizada
por altos índices de vulnerabilidad social y económica, representa un caso de estudio
idóneo para examinar el impacto de las decisiones fiscales en la calidad, cobertura y
sostenibilidad de los programas que ejecuta el MIES a nivel local. Analizar esta
realidad permite comprender cómo las políticas nacionales se traducen en resultados
concretos en territorios que dependen en gran medida de la intervención estatal (Villón
& Estefano, 2025).
A nivel territorial, es frecuente observar una discrepancia entre las políticas de
planificación formuladas a nivel nacional y la realidad vivida en cantones intermedios
como Quevedo. Los recortes presupuestarios, la asignación tardía de recursos y la
escasa aplicación de mecanismos efectivos de planificación participativa pueden
obstaculizar el logro de los objetivos de desarrollo social. Las poblaciones atendidas
por el MIES—niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en
situación de violencia y comunidades en pobreza extrema—exigen una respuesta
estatal continua y eficaz, la cual, frecuentemente, se ve limitada por restricciones
presupuestarias y administrativas. Estas tensiones entre planificación, ejecución y
participación local se reflejan en debates académicos sobre la gobernanza territorial
en Ecuador (Buele et al., 2022).
Este estudio cobra especial relevancia al visibilizar la necesidad de contar con
políticas fiscales equitativas y eficientes, capaces de adaptarse a realidades locales y
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales, especialmente en contextos
de alta vulnerabilidad como el que atraviesan numerosas familias en Quevedo. Tal
como señalan (Larrea et al., 2024), un manejo fiscal responsable y transparente,
enfocado en la equidad en la distribución de recursos, es clave para fortalecer la
justicia distributiva y reducir brechas socioeconómicas (Casanova-Villalba, 2024).
Así también, (Ruiz et al., 2025) advierte que la alineación entre la planificación pública
y la efectividad territorial en la implementación de programas sociales es un factor
crítico para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. En el
caso de territorios vulnerables como Quevedo, esta articulación resulta indispensable
para mejorar la calidad de vida de la población y asegurar que las políticas fiscales
cumplan su propósito de inclusión y bienestar social.
De acuerdo con (Sabando et al., 2025), el análisis del gasto social en Ecuador entre
2001 y 2023 evidencia que una financiación sostenida y bien orientada contribuye
significativamente al bienestar de la población y a la reducción de las desigualdades.
El estudio muestra que, cuando las políticas fiscales priorizan la inversión social de
forma estable, se fortalecen indicadores clave como educación, salud y protección
social, generando un impacto directo en el Índice de Desarrollo Humano. Estos
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Artículo Científico
hallazgos respaldan la necesidad de mantener un marco fiscal que garantice la
continuidad y el fortalecimiento de los programas sociales, especialmente en territorios
con alta vulnerabilidad como Quevedo.
Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2024), la sostenibilidad
de los programas sociales depende de una asignación presupuestaria estable y de
una gestión eficiente de los recursos disponibles. El informe de rendición de cuentas
del cantón Quevedo señala que, a pesar de las restricciones fiscales y los desafíos
logísticos, se logró mantener la cobertura de atención a grupos prioritarios como
adultos mayores, niños y personas con discapacidad, garantizando la continuidad de
los servicios. Este resultado evidencia que, con una adecuada planificación y
optimización de recursos, es posible mitigar los efectos de la volatilidad fiscal y
asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales a nivel local.
Por su parte, (Bastida et al., 2025) advierte que, aunque durante la pandemia se
incrementó temporalmente el gasto social para atender la emergencia, las políticas de
ajuste fiscal aplicadas en los años previos redujeron la cobertura de varios programas,
afectando sobre todo a zonas rurales y cantones intermedios. Esta experiencia
demuestra que la combinación de estabilidad fiscal y enfoque territorial resulta clave
para garantizar la continuidad e impacto de los programas sociales, incluso en
contextos de crisis económica.
En el caso de Quevedo, la estructura socioeconómica combina un dinamismo agrícola
relevante, especialmente en cultivos de ciclo corto y exportación, con elevados niveles
de pobreza y desigualdad, tanto en zonas urbanas como rurales. La presencia del
MIES en este cantón es determinante para cubrir necesidades básicas y promover la
inclusión social de grupos históricamente excluidos, mediante programas como el
Bono de Desarrollo Humano, la atención a personas con discapacidad y adultos
mayores, así como iniciativas orientadas a la protección de la niñez y el fortalecimiento
de capacidades productivas. Sin embargo, la dependencia de estos programas
respecto a las decisiones de política fiscal nacional hace que su continuidad y
cobertura estén condicionadas por factores externos al contexto local. Cuando se
producen recortes presupuestarios o reasignaciones de fondos con fines de ajuste
fiscal, los efectos se sienten de manera inmediata en la disminución de beneficiarios,
la reducción de personal operativo y la limitación en la entrega de servicios esenciales.
A nivel estructural, la política fiscal ecuatoriana se ha visto influida en los últimos años
por compromisos macroeconómicos adquiridos con organismos internacionales, que
han derivado en ajustes fiscales con un fuerte componente de disciplina
presupuestaria. Aunque estas medidas buscan garantizar la estabilidad y solvencia
del Estado, en la práctica han significado reducciones en el gasto social y una
priorización de pagos de deuda sobre inversión social. En cantones como Quevedo,
donde la pobreza multidimensional afecta a un porcentaje significativo de la población,
esta reorientación presupuestaria agudiza las brechas en acceso a derechos básicos
y limita la capacidad de respuesta de las instituciones. Las poblaciones con menor
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capacidad de resiliencia económica son las más perjudicadas, ya que dependen en
gran medida de la provisión pública de bienes y servicios esenciales para su
supervivencia y desarrollo (Coello-Zavala & Concha-Ramírez, 2025).
Este panorama plantea la necesidad de un análisis crítico que permita comprender no
solo las restricciones presupuestarias, sino también las estrategias de adaptación
institucional implementadas por el MIES para mantener su presencia en territorios con
alta demanda social. Examinar la forma en que las decisiones fiscales nacionales
repercuten en la gestión local es fundamental para identificar oportunidades de mejora
en la planificación, asignación y ejecución de recursos, así como para proponer
mecanismos que aseguren una mayor estabilidad en el financiamiento de programas
sociales. La pertinencia de este estudio radica precisamente en evidenciar cómo los
ajustes macroeconómicos, que muchas veces se discuten en términos agregados y
técnicos, tienen consecuencias directas y tangibles en comunidades como Quevedo,
donde cada recorte o retraso en la entrega de recursos se traduce en menos
cobertura, menos servicios y, en última instancia, en un retroceso en el ejercicio de
derechos fundamentales.
2. Materiales y métodos
El estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y
cualitativas. Se emplea un diseño cuantitativo-descriptivo, que permite analizar la
asignación de recursos, las limitaciones presupuestarias y la percepción de los
beneficiarios respecto al impacto de la política fiscal.
Para el desarrollo del estudio, se emplean diversos instrumentos metodológicos
orientados a recabar información detallada y contrastada sobre la gestión fiscal y sus
repercusiones en el ámbito local. Entre estos recursos se incluyen el análisis
documental, que permite revisar normativas, informes presupuestarios y planes
institucionales; entrevistas dirigidas a funcionarios del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), a fin de conocer de primera mano los criterios técnicos y
operativos de la ejecución fiscal; y encuestas aplicadas a beneficiarios de los
programas sociales, con el propósito de identificar percepciones, niveles de
satisfacción y el impacto real de las políticas implementadas. Esta triangulación de
fuentes facilita una visión integral y objetiva del fenómeno analizado.
La población objeto de estudio estuvo conformada por 105 personas, de las cuales 55
pertenecen al área administrativa del MIES y 50 son usuarios de la institución, todos
ubicados en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Se aplicó un muestreo no
probabilístico de tipo intencional, seleccionando especialmente al personal del área
administrativa, financiera y contable, en virtud de su conocimiento técnico sobre el
manejo de los recursos fiscales. Para la recolección de la información cuantitativa se
empleó la herramienta Google Forms, lo que permitió obtener datos estadísticos
precisos y relevantes para sustentar el análisis planteado en esta investigación.
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Artículo Científico
3. Resultados
Según las investigaciones realizadas en Quevedo, (Torres, 2024) señaló que la
asignación presupuestaria a los proyectos de atención a adultos mayores y Centros
de Desarrollo Infantil (CDI) del MIES, en el año 2022, mostró un cumplimiento eficiente
del 95 % del presupuesto asignado por el gobierno, esto demuestra que el MIES
cumplió con su plan anual de política pública. Respecto a la política fiscal en Ecuador,
aplicada a estos programas, se evidenció un impacto positivo y eficaz, lo cual
contribuye al desarrollo económico del territorio, la ejecución presupuestaria fue
eficiente al asignar adecuadamente los recursos destinados a los programas del MIES
en Quevedo. Sin embargo, se destaca la importancia de mantener la transparencia en
todo el proceso.
En escenarios de crisis económica, ajustes estructurales o caídas en los ingresos
tributarios, los programas sociales dirigidos a adultos mayores y Centros de Desarrollo
Infantil (CDI) se encuentran expuestos a recortes o subejecuciones, lo cual perjudica
de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población en
Quevedo. (García & Núñez, 2023) documenta que las políticas de austeridad fiscal en
Ecuador han afectado la cobertura y calidad de servicios esenciales como salud y
educación, incrementando la vulnerabilidad de los grupos con menores recursos. Por
tanto, es indispensable fortalecer el sistema tributario, mejorar la eficiencia del gasto
público y garantizar una inversión social sostenible y prioritaria en el largo plazo. En
el caso específico de Quevedo, la política fiscal del Estado ha tenido un impacto
positivo y tangible en la operación de los programas sociales del MIES, con altos
niveles de ejecución presupuestaria y continuidad en los servicios. No obstante,
persisten desafíos estructurales relacionados con la cobertura, calidad del gasto y
sostenibilidad financiera.
Como se observa en la Tabla 1, seis de cada diez participantes consideran que los
programas sociales del MIES deberían recibir más presupuesto gubernamental
(60,0%; n=63), mientras que cuatro de cada diez se muestran en desacuerdo (40,0%;
n=42). Este patrón sugiere una mayoría favorable a incrementar los recursos públicos
destinados a la política social.
Tabla 1
Percepción sobre la necesidad de mayor presupuesto para los programas del MIES
Opción
Porcentaje
Cantidad
Sí
60,0%
63
No
40,0%
42
Nota: (Autores, 2025).
El resultado muestra una ventaja de 20 puntos porcentuales a favor de aumentar el
presupuesto, lo que indica un consenso relativo en la población encuestada sobre la
importancia de fortalecer el financiamiento del MIES. En términos de política pública,
este hallazgo respalda la priorización presupuestaria de programas sociales,
especialmente si se acompaña de mecanismos de asignación eficiente, seguimiento
de resultados y evaluación de impacto que garanticen que recursos adicionales se
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traduzcan en mejoras verificables del bienestar. Aun así, conviene profundizar
mediante análisis estratificados (por grupo etario, tipo de programa utilizado y nivel
socioeconómico) para identificar subgrupos con percepciones divergentes y orientar
con mayor precisión la focalización del gasto.
De acuerdo con la Tabla 2, el 40,4% de los encuestados (n=42) manifestó haber
solicitado algún beneficio del MIES en los últimos dos años, mientras que el 59,6%
(n=63) indicó no haberlo hecho. Esta diferencia evidencia que, aunque existe un grupo
considerable que ha accedido a los programas, la mayoría no ha solicitado estos
beneficios en el período analizado.
Tabla 2
Solicitud de beneficios del MIES en los últimos dos años
Opción
Porcentaje
Cantidad
Sí
40,4%
42
No
59,6%
63
Nota: (Autores, 2025).
Los resultados sugieren una baja tasa de uso de los programas en comparación con
la población encuestada, lo que podría estar asociado a factores como
desconocimiento de la oferta, percepción de baja elegibilidad, trámites complejos o
falta de necesidad inmediata en ciertos sectores. Desde el punto de vista de la gestión
pública, este hallazgo plantea la necesidad de estrategias de difusión y simplificación
de procesos para promover un mayor acceso, así como estudios cualitativos que
permitan identificar las barreras específicas que limitan la solicitud de beneficios, en
especial entre grupos vulnerables que podrían estar quedando excluidos.
Como se presenta en la Tabla 3, el acceso a los programas sociales del MIES es
percibido en gran medida como complicado: el 67,3% de los encuestados (n=70) lo
calificó como “difícil” y el 10,5% (n=11) como “muy difícil”. En contraste, el 20,0%
(n=21) consideró el acceso “fácil” y únicamente el 2,9% (n=3) lo evaluó como “muy
fácil”.
Tabla 3
Facilidad percibida para acceder a los programas sociales del MIES
Opción
Porcentaje
Cantidad
Difícil
67,3%
70
Muy difícil
10,5%
11
Fácil
20,0%
21
Muy fácil
2,9%
3
Nota: (Autores, 2025).
La suma de las categorías “difícil” y “muy difícil” alcanza el 77,8% de las respuestas,
lo que evidencia una percepción mayoritaria de barreras de acceso a los programas
sociales del MIES. Estas dificultades podrían estar relacionadas con procesos
administrativos complejos, exceso de requisitos, limitada disponibilidad de oficinas o
personal, o deficiencias en la comunicación institucional. El bajo porcentaje de
respuestas positivas (22,9% entre “fácil” y “muy fácil”) sugiere que es prioritario
rediseñar los procedimientos de atención, fortalecer la descentralización de servicios
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Artículo Científico
y promover el uso de plataformas digitales para agilizar el acceso y reducir las cargas
para los beneficiarios.
En la Tabla 4 se observa que las principales insatisfacciones con los programas del
MIES están relacionadas con los largos tiempos de espera (37,1%; n=39) y la
categoría otros (37,1%; n=39), que podría incluir diversas razones no especificadas
en la encuesta. Un 17,1% (n=18) mencionó la poca información disponible como la
principal desventaja, mientras que el 8,6% (n=9) señaló la escasez de beneficios como
el aspecto menos favorable.
Tabla 4
Aspectos menos valorados de los programas del MIES
Opción
Porcentaje
Cantidad
Poca información disponible
17,1%
18
Largos tiempos de espera
37,1%
39
Pocos beneficios
8,6%
9
Otros
37,1%
39
Nota: (Autores, 2025).
Los resultados indican que los largos tiempos de espera son una de las principales
debilidades percibidas en los programas del MIES, lo que podría estar asociado a
sobrecarga operativa, falta de personal o procesos burocráticos lentos. El hecho de
que un porcentaje idéntico se agrupe en la categoría “otros” sugiere la existencia de
múltiples inconformidades no contempladas explícitamente en las opciones de
respuesta, lo cual merece un análisis cualitativo complementario. Además, la mención
de la poca información disponible y de los pocos beneficios apunta a problemas de
comunicación institucional y de alcance de las políticas, que podrían estar limitando la
percepción positiva de los programas. Esto resalta la necesidad de optimizar la
atención, mejorar la difusión de información y ampliar la cobertura de beneficios para
fortalecer la satisfacción ciudadana.
En la Tabla 5 se observa que la opción más mencionada por los encuestados
corresponde a la categoría otros (34,0%; n=36), seguida por la propuesta de más
ayuda económica (22,6%; n=24) y de programas para jóvenes (21,7%; n=23). En
menor proporción se encuentran las sugerencias de programas para adultos mayores
(12,3%; n=12) y de talleres de formación técnica (9,4%; n=10).
Tabla 5
Preferencias sobre nuevos programas que el MIES podría implementar en la
comunidad
Opción
Porcentaje
Cantidad
Más ayuda económica
22,6%
24
Programa para jóvenes
21,7%
23
Programa para adultos mayores
12,3%
12
Talleres de formación técnica
9,4%
10
Otros
34,0%
36
Nota: (Autores, 2025).
La alta proporción en la categoría otros sugieren que los encuestados tienen
necesidades o propuestas específicas que no fueron contempladas en las opciones
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predefinidas, lo cual indica la conveniencia de incluir preguntas abiertas o consultas
participativas en futuros estudios. La preferencia por más ayuda económica y por
programas para jóvenes refleja una preocupación por mejorar la capacidad adquisitiva
de los hogares y generar oportunidades para las nuevas generaciones. En menor
medida, la demanda de programas para adultos mayores y talleres de formación
técnica muestra la necesidad de fortalecer la inclusión social y el desarrollo de
capacidades laborales. Estos resultados orientan a diversificar la oferta programática
del MIES y a ajustarla a las demandas reales de las comunidades.
En la Tabla 6 se aprecia que la gran mayoría de los encuestados considera que el
MIES debería trabajar en conjunto con otras instituciones públicas para mejorar la
atención a la comunidad, alcanzando un 97,1% (n=102) de respuestas afirmativas.
Solo un 2,9% (n=3) manifestó estar en desacuerdo con esta cooperación
interinstitucional.
Tabla 6
Resultados de los encuestados
Opción
Porcentaje
Cantidad
Sí
97,1%
102
No
2,9%
3
Nota: (Autores, 2025).
Los resultados muestran un consenso casi absoluto a favor del trabajo coordinado
entre el MIES y otras entidades públicas, lo que evidencia que la población percibe la
cooperación interinstitucional como un mecanismo clave para mejorar la eficacia y el
alcance de las políticas sociales. Esta alta aceptación refuerza la importancia de
establecer alianzas estratégicas, compartir recursos y coordinar acciones para
atender de manera más integral las necesidades de los grupos vulnerables. Asimismo,
la mínima proporción de desacuerdo sugiere que la oposición a esta estrategia es
marginal y que su implementación contaría con amplio respaldo social.
4. Discusión
Los resultados obtenidos en esta investigación revelan que la política fiscal tiene un
impacto positivo en la ejecución de los programas sociales del MIES en Quevedo,
evidenciado por una alta ejecución presupuestaria y la continuidad de servicios clave,
como atención a adultos mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, también se identificaron importantes debilidades estructurales, como la
accesibilidad limitada, los tiempos de espera prolongados, la escasa información
institucional y la percepción de insuficiencia en los beneficios, estas barreras
comprometen la efectividad de la política pública y limitan el alcance de los programas.
En comparación con otros estudios, como el de (García & Núñez, 2023), se confirma
que los ajustes fiscales o las caídas en los ingresos públicos pueden generar efectos
adversos significativos sobre la cobertura y calidad de los programas sociales,
limitando su capacidad para atender a las poblaciones más vulnerables. Estos autores
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advierten que, cuando el gasto social se ve comprometido por recortes
presupuestarios, las brechas de acceso a servicios esenciales como salud, educación
y protección social tienden a ampliarse, generando impactos persistentes en el
bienestar de las comunidades. De forma complementaria, la investigación de (Torres,
2024) ratifica que, pese a estas condiciones restrictivas, el MIES logró un
cumplimiento eficiente del presupuesto asignado para la atención de adultos mayores
y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Quevedo durante el año 2022, alcanzando
un 95 % de ejecución y cumpliendo con su plan anual de política pública.
Por su parte, (Root et al., 2022) señala que la sostenibilidad de los programas sociales
en contextos de restricción fiscal depende no solo del volumen de recursos asignados,
sino también de la capacidad institucional para optimizar su uso, priorizar
intervenciones de alto impacto y garantizar transparencia en la gestión presupuestaria.
Este planteamiento refuerza la idea de que una política fiscal efectiva debe combinar
estabilidad en la asignación de fondos con mecanismos de control y evaluación que
permitan sostener los resultados en el tiempo, evitando retrocesos en la atención a
grupos prioritarios (Zambrano-Plua et al., 2024).
Un aspecto crucial que complementa esta discusión es el impacto que tiene la evasión
fiscal en la recaudación tributaria, lo que finalmente condiciona la sostenibilidad
financiera del gasto social. Según (Zamora et al., 2025) la evasión fiscal en Ecuador
sigue representando una amenaza significativa para la recaudación efectiva, ya que
debilita la capacidad del Estado para financiar programas sociales de manera
equitativa. Los autores señalan que “la evasión fiscal reduce los ingresos disponibles
para el gasto social, profundizando las desigualdades y limitando la acción
redistributiva del Estado” .
Este hallazgo se alinea con lo evidenciado en Quevedo una fuerte dependencia del
financiamiento estatal que puede verse comprometido en contextos de evasión o
caída de ingresos tributario, por lo tanto, fortalecer el sistema de recaudación,
combatir la evasión y modernizar la administración tributaria son condiciones
necesarias para sostener y ampliar el alcance de la protección social. En cuanto a las
implicaciones, este estudio aporta evidencia útil para la formulación de políticas
públicas con enfoque territorial, donde las realidades locales deben ser consideradas
en los procesos de planificación presupuestaria y fiscal, también se destaca la
necesidad de alianzas interinstitucionales, que fueron ampliamente respaldadas por
la población encuestada.
No obstante, esta investigación presenta ciertas limitaciones. El tamaño muestral,
compuesto por 105 personas, y el hecho de que el estudio se haya desarrollado
exclusivamente en la ciudad de Quevedo, restringen la posibilidad de extrapolar los
resultados a otras localidades del país con diferentes realidades socioeconómicas.
Asimismo, la información recabada se basa principalmente en percepciones
ciudadanas, sin incorporar un análisis financiero exhaustivo del presupuesto del MIES
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a nivel nacional, lo que podría aportar una visión más integral del impacto de la política
fiscal sobre los programas sociales.
5. Conclusiones
La política fiscal desempeña un papel determinante en la sostenibilidad de los
programas sociales implementados por el MIES en el cantón Quevedo, la asignación
presupuestaria adecuada ha permitido mantener la operatividad de servicios dirigidos
a grupos prioritarios como adultos mayores, niños y personas en situación de
vulnerabilidad. Si bien existe una alta ejecución presupuestaria, se evidencian
desafíos significativos en la accesibilidad, cobertura y calidad del servicio,
especialmente en relación con la atención al usuario, la difusión de información y los
tiempos de espera, estos aspectos afectan la percepción ciudadana y la eficacia de
los programas.
La investigación reveló que un porcentaje importante de la población no ha accedido
a beneficios del MIES, ya sea por falta de conocimiento, dificultades en los procesos
o escasa información digital, esto resalta la necesidad de mejorar la comunicación
institucional y de fortalecer los mecanismos de orientación y acompañamiento a los
beneficiarios potenciales. Sé confirma que la evasión fiscal afecta directamente la
capacidad del Estado para sostener el gasto social, como señalan Zamora et al.
(2025), por ello, combatir este problema estructural es clave para garantizar una
inversión social sostenible y equitativa. Existe un amplio respaldo ciudadano hacia la
colaboración interinstitucional entre el MIES y otras entidades públicas como
estrategia para mejorar la calidad de vida en la comunidad, las alianzas locales
pueden optimizar recursos, ampliar la cobertura y fortalecer la respuesta del Estado.
CONFLICTO DE INTERESES
“Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses”.
Referencias Bibliográficas
Bastida, C. A., Franco Vera, W. M., Borja Salinas, E. I., Campuzano Rodríguez, M. A.,
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