La inversión probatoria en procesos laborales por estabilidad de personas con discapacidad en el Ecuador
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Resumen
El artículo analiza la falta de una regulación expresa en la normativa ecuatoriana que incorpore la inversión de la carga de la prueba en los procesos laborales vinculados a la estabilidad reforzada de personas con discapacidad, lo que genera inseguridad jurídica y decisiones judiciales desiguales. Mediante un enfoque cualitativo y jurídico-documental, se revisan normas nacionales, jurisprudencia relevante como la Resolución 01-2025 de la Corte Nacional de Justicia, doctrina especializada y experiencias comparadas de países como Perú, México y Venezuela. Los resultados evidencian que, aunque la Constitución y el Código Orgánico General de Procesos permiten flexibilizar la prueba y la citada resolución constituye un avance al aliviar al trabajador de exigencias probatorias formales, su aplicación depende de criterios judiciales y no de una norma general vinculante. Esto provoca desigualdades procesales y limita la tutela judicial de trabajadores en situación de vulnerabilidad. En la discusión se sostiene que, sin una regulación clara, prevalece la discrecionalidad judicial y se debilitan principios como la igualdad material y la protección efectiva de derechos. El estudio concluye que es necesaria una reforma legislativa que establezca de forma expresa la inversión de la carga probatoria para garantizar coherencia normativa, seguridad jurídica y protección real.
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