El uso indebido del arraigo personal en materia flagrante frente al principio de igualdad
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Resumen
La presente investigación examina el uso indebido del arraigo personal en las audiencias de flagrancia en Ecuador y su impacto sobre la aplicación de la prisión preventiva. Aunque el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece que esta medida debe aplicarse únicamente con carácter excepcional, en la práctica se ha vuelto casi automática cuando el procesado no logra acreditar documentalmente su arraigo. Este requisito, que no está previsto como obligatorio en la normativa, ha derivado en un filtro socioeconómico que favorece a quienes cuentan con empleo formal, bienes o redes de apoyo, y excluye a los sectores más vulnerables. El estudio, desarrollado con un enfoque cualitativo y un diseño exploratorio, combina el análisis jurídico-doctrinal con la revisión de casos y jurisprudencia nacional e interamericana. Los resultados evidencian que la exigencia documental del arraigo reproduce desigualdades estructurales y contradice los principios de igualdad procesal, proporcionalidad y excepcionalidad, reconocidos tanto en la Constitución como en los estándares interamericanos. Se concluye que es necesario adoptar criterios objetivos y flexibles para valorar el arraigo, de manera que la prisión preventiva conserve su carácter de última ratio y no se convierta en una sanción anticipada
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